El Salvador ha respaldado oficialmente la Declaración Conjunta firmada por 14 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluido Estados Unidos, en la que se rechaza la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en medio de denuncias de fraude electoral.

El 10 de enero de 2025, Maduro asumió un tercer mandato de seis años (2025-2031) tras unas elecciones celebradas el 28 de julio de 2024, en las cuales la comunidad internacional ha cuestionado abiertamente la legitimidad del proceso electoral. En la Declaración Conjunta, los países firmantes – Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay – expresaron su rechazo al acto de investidura, citando la falta de integridad democrática y la ausencia de pruebas verificables del proceso electoral.

El Salvador ha sido enfático en sus denuncias sobre el fraude electoral en Venezuela. El presidente Nayib Bukele ha reiterado que no restablecerá relaciones con el régimen de Maduro y, recientemente, ofreció apoyo a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en su lucha por la democracia y los derechos humanos en su país.

La Declaración Conjunta exige al régimen venezolano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que permita una transición pacífica hacia un orden democrático. Los 14 países firmantes también han instado al régimen a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas, haciendo un llamado urgente para poner fin al hostigamiento y la persecución de los opositores.

En los días previos a la investidura, la ONG Foro Penal reportó que 75 personas fueron detenidas por razones políticas, destacando las violaciones a los derechos fundamentales en el país.

Además, la comunidad internacional ha instado a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios para abordar la crisis multidimensional en Venezuela, y a respetar el derecho internacional, haciendo un llamado a cesar el hostigamiento contra personas asiladas en instalaciones diplomáticas y consulares en el país.

La comunidad internacional continúa presionando para que se garantice el respeto a la voluntad popular de los venezolanos, que en las últimas elecciones se vieron sometidos a un proceso electoral considerado fraudulento por gran parte de la oposición y la comunidad internacional.

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