Desde marzo de 2022, el régimen de excepción ha sido prorrogado en múltiples ocasiones, alcanzando recientemente su extensión número 34, aprobada en una sesión plenaria del presente año. Esta medida fue implementada como respuesta a un incremento alarmante de homicidios registrados entre el 25 y 26 de marzo de 2022, cuando se contabilizaron 62 asesinatos en un solo día, consolidándose como el más violento en la historia reciente de El Salvador.

¿Cuáles son los resultados del régimen?

El impacto del régimen de excepción puede observarse en los resultados obtenidos desde su implementación. Una de las principales metas ha sido reducir los índices de violencia y fortalecer el control territorial a través de capturas masivas.

Durante el régimen, se han reportado 83,900 capturas de personas acusadas de pertenecer a grupos criminales. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con años previos: en 2021, como parte del Plan Control Territorial, se registraron más de 20,000 capturas, mientras que, en 2022, las cifras alcanzaron las 73,000 detenciones tras la implementación del régimen de excepción.

Además, el régimen ha permitido una disminución sustancial de los homicidios. En 2024, se contabilizaron 114 homicidios, una reducción drástica que ha contribuido a devolver la tranquilidad a comunidades que durante años estuvieron marcadas por la violencia. Pero para ello, las autoridades salvadoreñas implementaron  algunas estrategias de seguridad como es el Plan Control Territorial el cual consta con 6 fases vigentes en el país.

¿Cuáles son las fases del Plan Control Territorial?

Para entender el contexto del régimen, es necesario analizar las primeras fases del Plan Control Territorial, implementadas desde 2019. Estas fases sentaron las bases de la estrategia de seguridad que se consolidaría con el régimen de excepción.

La primera fase, denominada Preparación, permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada operar con mayor eficacia al recuperar territorios controlados por estructuras criminales. Posteriormente, las fases Oportunidades y Modernización pusieron el énfasis en la prevención, creando infraestructura como los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) y fortaleciendo a las instituciones de seguridad mediante inversión en tecnología y formación.

Estas etapas iniciales fueron fundamentales para debilitar las estructuras criminales y preparar el terreno para las fases cuatro y cinco, Incursión y Extracción, respectivamente. Estas últimas marcaron un endurecimiento de las acciones contra las pandillas y garantizaron una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en comunidades conflictivas.

La sexta fase, denominada Integración, tiene como objetivo principal construir una sociedad más cohesionada y orientada hacia el desarrollo económico y social. Pero al mismo tiempo no solo se implementaron estas fases, sino que también se desplegaron los cercos de seguridad por diversos puntos del país.

¿Cuándo se instaló el primer Cerco de Seguridad?

Estos cercos se desarrollaron en el marco de la fase cinco del Plan Control Territorial, los cercos de seguridad se han convertido en una estrategia central para extraer a miembros de pandillas de comunidades vulnerables. Desde su implementación en octubre de 2022, estas operaciones han abarcado diversas zonas del país, generando resultados significativos en términos de capturas y control territorial.

Hasta la fecha se registra 12 cercos de seguridad en el país, el primer cerco se implementó el 2 de octubre de 2022 en el municipio de Comasagua, La Libertad. Esta operación marcó el inicio de la estrategia de extracción, movilizando a 2,000 soldados y policías. Como resultado, se capturaron 155 pandilleros vinculados a estructuras delictivas, demostrando la eficacia de la medida en sus primeras etapas.

Además, el 3 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el cerco en Soyapango, uno de los municipios más poblados y conflictivos del país. En esta ocasión, participaron 8,500 soldados y 1,500 policías, logrando recuperar el control de una zona históricamente afectada por la violencia.

Por otro lado, el 17 de mayo de 2023, tras el asesinato de un agente policial, se implementó un cerco en Nueva Concepción, Chalatenango. Esta operación involucró a 5,550 militares y 500 policías, quienes garantizaron la seguridad en una zona afectada por actividades criminales.

Asimismo, el 1 de agosto de 2023, se estableció un cerco en el departamento de Cabañas en respuesta a un ataque contra policías en una emboscada. Con la participación de 7,000 soldados y 1,000 policías, se buscó neutralizar a los responsables y restaurar la tranquilidad en la zona.

También el 11 de octubre de 2023, se implementaron dos cercos más en el municipio de Apopa. En las colonias Popotlán y Valle Verde, donde 3,500 militares y 500 policías trabajaron para neutralizar la actividad de pandillas. Ese mismo día, en La Campanera, Soyapango, se estableció otro cerco como respuesta al asesinato de una menor de 7 años, mostrando la capacidad de respuesta ante crímenes de alto impacto.

De igual forma el 24 de diciembre de 2023, se realizaron dos cercos simultáneamente en San Salvador. En la comunidad Tutunichapa, más de 1,000 soldados y 130 policías desarticularon redes de narcotráfico. Ese mismo día, en La Granjita, 1,000 soldados y 100 policías trabajaron para capturar a narcotraficantes y pandilleros, consolidando el control territorial en estas áreas.

En este sentido el 24 de marzo de 2024, un cerco en cuatro municipios de Chalatenango (San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador) movilizó a 5,000 soldados y 1,000 policías. Este operativo se enfocó en desarticular clicas del Barrio 18 sureños vinculadas a homicidios recientes.

De igual forma el 25 de mayo de 2024, las colonias Madre Tierra y El Tikal en Apopa fueron escenario de un nuevo cerco para detener a pandilleros responsables de cobros de renta.

Y finalmente, el 28 de octubre de 2024, en la colonia 10 de octubre, en San Marcos, se estableció un cerco con 2,000 soldados y 500 policías. Este operativo buscó capturar remanentes de pandillas y neutralizar el comercio de drogas en la zona.

Este enfoque ha permitido avances en la seguridad pública, pero la sostenibilidad de los resultados dependerá de la implementación efectiva de políticas a largo plazo que favorezcan la integración social y el desarrollo económico en las comunidades afectadas por la violencia.

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