El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, afirmó este viernes que los funcionarios públicos, incluyendo los diputados de la Asamblea Legislativa, pueden ser sometidos a pruebas de alcotest si así lo requiere un dispositivo de tránsito, tal como cualquier ciudadano. Su declaración se dio en el marco de una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), en la que abordó las dudas sobre el procedimiento que se seguiría si un diputado se negara a someterse a la prueba.
Ante la pregunta del entrevistador Moisés Urbina sobre qué ocurriría si un diputado se identificara como tal y se negase a realizarse la prueba, Rodríguez explicó que, en caso de que la prueba de alcotest resultara positiva, el incidente se reportaría tanto a la Asamblea Legislativa como a la Casa Presidencial.
«Nosotros le pudiéramos hacer la prueba, y lo que se hace normalmente es que se reporta a la Asamblea, incluso a Casa Presidencial», aseguró el Ministro Rodríguez, destacando que este procedimiento ya ha sido utilizado en ocasiones anteriores. Asimismo, hizo hincapié en que, aunque algunos funcionarios públicos, incluidos los diputados, gozan de fuero, no están exentos de someterse a las pruebas antidoping.
Rodríguez señaló que, aunque las personas con fuero no pueden ser detenidas en prisión, sí es posible iniciar los procesos correspondientes para garantizar que la ley se cumpla. En este sentido, recordó que en el pasado se ha desaforado a diputados cuando se ha requerido procesarlos, sin importar su afiliación política, incluidos aquellos pertenecientes al oficialismo.
El Ministro también comentó sobre una reforma propuesta el pasado 20 de diciembre por la diputada Cesia Rivas, de Vamos, que buscaba excluir a los diputados de cualquier posibilidad de fuero en casos relacionados con la conducción peligrosa bajo los efectos del alcohol. La propuesta no recibió apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa, siendo rechazada por la mayoría de los diputados.
Rivas argumentó que la reforma era necesaria para evitar que casos de conducción imprudente, como los ocurridos en años anteriores, quedaran impunes. En particular, recordó el caso de un diputado que en 2000 sacó su arma cuando una patrulla intentó realizarle un examen de alcotest, y el caso de otro diputado en 2020 involucrado en un accidente fatal por conducir ebrio.
El último caso al que se refirió fue el de Arturo Simeón Magaña, diputado del Partido Arena, quien en agosto de 2020 provocó un accidente fatal en la colonia Escalón de San Salvador, causando la muerte del joven Francisco Moya. Magaña fue procesado, pero el caso se alargó debido a irregularidades, como la realización de la prueba de alcoholemia una semana después del accidente. Al final, Magaña llegó a un acuerdo con la familia de la víctima y pagó una indemnización de $20,000.
Rodríguez concluyó que, aunque el fuero parlamentario es un tema delicado, es fundamental que todos los funcionarios, sin excepción, sean responsables de sus actos, y que la ley debe aplicarse de manera equitativa.