El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció su intención de enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta para derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde 2017. Según el mandatario, esta decisión busca abrir oportunidades de desarrollo económico mediante la explotación minera responsable, la cual, afirmó, podría transformar la economía del país «de la noche a la mañana».
Durante su intervención ante la junta directiva de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Bukele señaló que El Salvador es el único país que mantiene una prohibición total de la minería metálica. «No hay ningún país en el mundo que la prohíba», aseguró, cuestionando la lógica detrás de mantener dicha normativa.
#RecursosMetálicosPotenciales | El Presidente de la República, @nayibbukele, remarca que se solicitará a la @AsambleaSV la derogatoria de la prohibición de la minería en el país. “No hay ningún país en el mundo que la prohíba», asegura el mandatario. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/joUCq3D34r
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) December 6, 2024
El presidente destacó que los ingresos generados por la minería responsable serían destinados a iniciativas ambientales, como la recuperación de lagos y ríos, así como la reforestación de bosques. Como ejemplo, mencionó las acciones recientes para limpiar el Lago de Coatepeque, iniciativa que, según él, refleja el compromiso del gobierno con la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, la propuesta de Bukele ha generado divisiones. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó la medida y la calificó como una «fórmula mágica» que no resolverá los problemas estructurales del país. Ortiz insistió en la necesidad de un plan económico de largo plazo para garantizar un verdadero «milagro económico».
Por su parte, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, expresó su preocupación, advirtiendo sobre los riesgos irreversibles que podría traer la minería, como enfermedades y daños ambientales.
La minería metálica fue prohibida en El Salvador en 2017, tras un movimiento liderado por sectores sociales, la Iglesia Católica y académicos, quienes argumentaron que la industria minera amenazaba gravemente los recursos hídricos y la salud pública.
Bukele, sin embargo, destacó que su administración buscará implementar prácticas responsables que permitan aprovechar los beneficios económicos sin comprometer el medio ambiente ni la salud de las comunidades. Aún no se ha precisado la fecha en la que la propuesta será enviada al Legislativo.