El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador lleva a cabo la audiencia preliminar contra un exalcalde y dos exministros de los partidos ARENA y FMLN, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de negociar con pandillas para obtener votos en elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
#Audiencia I Este día, se lleva a cabo Audiencia Preliminar en contra de varios exfuncionarios procesados por agrupaciones ilícitas y fraude electoral, en el marco de la denominada tregua entre pandillas.
Los procesados son:
▶️Ramón Arístides Valencia.
▶️Benito Lara.
▶️Wilson… pic.twitter.com/W0Yi6Jur1N— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 2, 2024
Entre los imputados se encuentran Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador; Arístides Valencia y Benito Lara, exministros de Gobernación y Justicia; así como los particulares Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Según la acusación fiscal, los delitos imputados son agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Acusaciones y pruebas presentadas
La FGR ha señalado que los acusados sostuvieron reuniones con cabecillas de las pandillas MS-13 y Barrio 18 entre 2013 y 2015, buscando asegurar apoyo electoral mediante pagos y promesas de beneficios penitenciarios. Según declaraciones de testigos protegidos, las negociaciones incluyeron:
- Un pago de $433,000 por parte del FMLN para favorecer la candidatura presidencial de Salvador Sánchez Cerén en 2014.
- $100,000 otorgados por ARENA y $69,000 entregados por Ernesto Muyshondt a cada una de las pandillas.
Entre las pruebas presentadas se incluyen escuchas telefónicas, videos donde los acusados aparecen reunidos con líderes pandilleros, así como testimonios de los criteriados «Noé» y «Salomón». La Fiscalía también busca incorporar como evidencia una entrevista del fallecido Jorge Velado, exdirigente de ARENA.
De los cinco imputados, únicamente Ernesto Muyshondt permanece en prisión, mientras que Valencia, Lara, Lüers y Alvarado enfrentan medidas sustitutivas. Sin embargo, Valencia habría incumplido al dejar de presentarse a firmar, según la FGR.
Este caso, judicializado desde 2020, abarca actos ilícitos que presuntamente comenzaron en octubre de 2013, meses antes de las elecciones presidenciales de 2014. La Fiscalía espera que el juez admita la evidencia recabada durante la investigación y envíe a los acusados a juicio en un tribunal de sentencia de San Salvador.
Este proceso judicial pone en evidencia presuntas estrategias de cooperación entre actores políticos y grupos del crimen organizado, enfocadas en influir en los resultados electorales. De confirmarse las acusaciones, los hechos reflejarían un preocupante precedente de corrupción electoral y apoyo indirecto al fortalecimiento de estructuras criminales.