Estados Unidos ha avanzado en un proyecto de ley diseñado para estrechar el cerco sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con el objetivo de limitar las relaciones comerciales y políticas con empresas o personas que hagan negocios con el régimen venezolano. Este proyecto, denominado Ley Bolívar (oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo), fue aprobado el lunes por la Cámara de Representantes de EE. UU. y ahora debe ser aprobado por el Senado y firmado por el presidente para entrar en vigor.
La ley prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con cualquier individuo o entidad que realice negocios con el «gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro» o con cualquier otro gobierno que no sea reconocido por EE. UU. como legítimo. Washington considera las últimas elecciones presidenciales en Venezuela como fraudulentas y respalda a los opositores, como Edmundo González Urrutia, el candidato apoyado por María Corina Machado, quien se exilió en España tras los comicios.
Reacción de Venezuela:
El gobierno venezolano respondió enérgicamente, calificando el proyecto de ley como un «ataque criminal» y un «acto de imperialismo». En su comunicado, acusaron a Estados Unidos de violar la Carta de la ONU y de añadir más sanciones unilaterales y extraterritoriales a las ya existentes, que según Caracas, suman más de 930. También criticaron el hecho de que la ley lleve el nombre de Simón Bolívar, un acto que consideran una ofensa contra el prócer latinoamericano, quien luchó contra el imperialismo.
Contexto político:
El proyecto de ley bipartidista ha reunido a demócratas y republicanos, quienes coinciden en su postura contra Maduro. En particular, el congresista republicano Mike Waltz, quien es un firme defensor de endurecer las sanciones contra Venezuela, argumentó que el país está sumido en la crisis debido a las políticas de Maduro y su gobierno «autoritarista». Waltz subrayó que la política de EE. UU. debe estar basada en la solidaridad con los activistas que luchan contra la opresión en Venezuela y no en brindar apoyo a los opresores.
Por su parte, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien también ha sido promotora de proyectos de ley relacionados con Venezuela, expresó que EE. UU. no puede comprometerse con el pueblo venezolano mientras sigan existiendo intereses corporativos que apoyen la corrupción y el robo electoral de Maduro. Wasserman Schultz ha sido una de las impulsoras de proyectos previos, como la Ley Revocar, que busca rescindir las licencias de las petroleras que operan en Venezuela, y la Ley Valor, que reafirma las sanciones contra entidades clave del régimen venezolano.
Sanciones y licencias:
A pesar de las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana desde 2019, EE. UU. ha otorgado licencias individuales para que algunas empresas, como Chevron (EE. UU.), Repsol (España) y Maurel & Prom (Francia), continúen operando en el país. Esta concesión ha sido criticada por algunos sectores políticos de EE. UU., que buscan una política más estricta.
Impacto de la administración de Trump:
El proyecto de ley se suma a las presiones de una política exterior más dura hacia Venezuela, que podría intensificarse si el presidente electo Donald Trump mantiene su postura de endurecer las sanciones. La elección de Marco Rubio, un senador cubanoamericano, como futuro secretario de Estado, podría resultar en una política aún más firme hacia Venezuela y Cuba, con sanciones más estrictas y retórica más confrontativa, según los analistas.
Este proyecto refleja el consenso bipartidista en EE. UU. de no reconocer a Maduro como presidente legítimo y continuar presionando para aislar económicamente su régimen.