Este lunes, durante la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó al Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque una condena de 36 años de prisión para ocho exguerrilleros acusados de asesinar a María Inés Alvarenga el 22 de agosto de 1989.
En su intervención, el ministerio público desglosó los delitos imputados, solicitando 30 años de prisión por asesinato, tres por privación de libertad y tres más por asociaciones ilícitas. Los fiscales especializados en delitos del conflicto armado presentaron al tribunal una exposición clara sobre la conducta delictiva de cada uno de los imputados, argumentando que los hechos merecen una sentencia condenatoria.
La Fiscalía hizo hincapié en la importancia de las declaraciones de tres testigos, incluido uno con régimen de protección, quien certificó la manera en que se ejecutó el crimen, catalogado como de lesa humanidad.
#VistaPública I Se lleva a cabo el juicio en contra de 8 personas acusadas de cometer un asesinato en agosto de 1989 en el cantón Santa Marta de Cabañas, durante el conflicto armado.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV expondrá los alegatos finales y solicitará al Tribunal de… pic.twitter.com/7vRMbJwVys
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 14, 2024
Por su parte, los abogados defensores argumentaron que la Fiscalía no ha logrado probar la participación de los procesados en los delitos y sostuvieron que no hay fundamento para un veredicto condenatorio.
Los acusados son: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, así como los prófugos José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
De acuerdo con la acusación, el asesinato ocurrió en el cantón San Marta, distrito de Victoria, Cabañas, cuando los exguerrilleros del FMLN, que formaban parte de la Resistencia Nacional (RN), planificaron el asesinato de Alvarenga, a quien acusaron de ser colaboradora de la Fuerza Armada. La mujer fue sacada de su hogar y trasladada a un campamento de la RN, donde habría sido torturada durante dos semanas antes de su asesinato.
El tribunal ahora evaluará los alegatos presentados por ambas partes antes de emitir su veredicto.