La Fiscalía de Guatemala llevó a cabo cinco allanamientos en las sedes regionales de la ONG Save the Children, en el marco de una investigación sobre supuestos abusos a menores. Esta acción se produce casi seis meses después de que la oficina principal de la organización en la capital fuera registrada.
Los allanamientos fueron dirigidos por el fiscal Rafael Curruchiche, quien ha sido objeto de críticas. Según el fiscal, la investigación se inició a partir de una denuncia y se solicitó apoyo a la fiscalía de Texas, en Estados Unidos.
Curruchiche declaró que se llevaron a cabo «diligencias de allanamiento en distintos puntos del país en seguimiento a la investigación de carácter transnacional» relacionada con posibles vulneraciones de derechos y abusos contra la niñez guatemalteca. Aunque no mencionó explícitamente el nombre de Save the Children, el portavoz de la fiscalía, Moisés Ortiz, confirmó que las sedes allanadas pertenecen a esta ONG.
Los registros se realizaron en varias localidades, incluyendo San José La Arada, Jutiapa, y en municipios indígenas como Santa Cruz del Quiché, Nebaj y Cunén.
El allanamiento en la oficina principal de Save the Children en Ciudad de Guatemala ocurrió en abril, poco después de que se informara sobre una solicitud de la fiscalía guatemalteca a su par de Texas, relacionada con un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, que implicaría a ONGs como Save the Children.
En respuesta a estas acusaciones, Save the Children había afirmado en abril que «hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos» y enfatizó que nunca ha facilitado el traslado de menores fuera de Guatemala.
La ONG, con más de 40 años de operación en el país, lleva a cabo proyectos en áreas como educación, salud y asistencia a familias migrantes. Sin embargo, su trabajo ahora se encuentra en el centro de una investigación que ha atraído la atención tanto a nivel local como internacional.
La situación ha generado preocupación en la comunidad de derechos humanos, y se espera que Save the Children emita un pronunciamiento oficial sobre los allanamientos. Mientras tanto, la figura de Curruchiche y la fiscal general Consuelo Porras siguen siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, debido a acusaciones de corrupción y prácticas antidemocráticas.