Este domingo, Rubén Ernesto Mejía Roque, de 26 años, fue entregado a las autoridades salvadoreñas tras ser capturado en México. La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que Mejía Roque era buscado por homicidio agravado en El Salvador y fue trasladado a la frontera de Pedro de Alvarado en Moyuta, Jutiapa, para su entrega.
La captura se realizó en el marco de los acuerdos de cooperación entre México y Guatemala, y fue facilitada por la oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). “México entregó a policías de Interpol Guatemala al salvadoreño Rubén Ernesto Mejía Roque”, publicó la PNC en su cuenta de X.
México entrega a salvadoreño a PNC de INTERPOL Guatemala que lo entrega a El Salvador que lo requiere por homicidio agravado
En el marco de los acuerdos entre países, México entrego a policías de INTERPOL Guatemala, al salvadoreño Rubén Ernesto Mejía Roque, de 26 años pic.twitter.com/y3uESrpcBS
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 6, 2024
En mayo de 2024, el Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a Mejía Roque a 25 años de prisión por su participación en el homicidio de Julio César Ramos García, un hombre de 74 años. Según la Fiscalía General de la República (FGR), Mejía Roque fue condenado en ausencia, ya que se encontraba prófugo en el momento del juicio.
El crimen ocurrió el 16 de enero de 2019, cuando Mejía Roque, junto a cuatro cómplices, atacó a la víctima en su hogar, ubicado en el caserío Nuevo Puente, en el cantón San Marcos Lempa. La FGR señala que el ataque se llevó a cabo con un arma blanca, causando lesiones mortales a Ramos García, y fue motivado por rencillas personales.
En un contexto más amplio, las autoridades guatemaltecas informaron que este año han capturado a 68 salvadoreños, de los cuales el 64.7% han sido expulsados y el resto permanece cumpliendo condena en el país vecino. La última deportación antes de la entrega de Mejía Roque correspondió a Abimael Velásquez Pérez, de 37 años, quien fue entregado a El Salvador por tener una orden de captura por posesión y tenencia de drogas.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos de los países de la región para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad en sus territorios.