Ante las críticas surgidas, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió el dictamen de decreto transitorio que permite un proceso de legalización de armas de fuego no matriculadas por un período de 90 días. Castro aseguró que esta ley está dirigida a «la gente honrada» que ha adquirido armas para su defensa personal en un contexto de violencia generado por las pandillas.
«Recibimos muchas solicitudes de personas que, debido a la guerra contra las pandillas, se hicieron de alguna arma para protegerse. Esta iniciativa busca evitar la circulación de armas ilegales en las calles. Esto no es para delincuentes ni para pandilleros», afirmó Castro durante una rueda de prensa.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó el martes las disposiciones transitorias, que incluyen una exención de acción penal para aquellos que denuncien la ubicación de armas artesanales.
Sin embargo, el especialista en seguridad Ricardo Sosa criticó el dictamen, afirmando que regularizar armas ilegales podría obstaculizar los esfuerzos de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR) en la lucha contra la delincuencia. «No se necesitan más armas de fuego en poder de la población. Es una clara contradicción a la estrategia del Plan Control Territorial», afirmó Sosa.
Castro, respetando las opiniones críticas, contrarrestó los argumentos de Sosa, indicando que la legalización facilitaría la trazabilidad de las armas. «El delincuente siempre tendrá acceso a las armas, legalizadas o no, y es mejor que tengamos un registro», explicó, comparando la situación con el registro de vehículos, donde es más difícil encontrar un auto robado que carezca de placas.
El decreto aún no ha sido aprobado en sesión plenaria. Una vez en vigor, requerirá que las armas a registrar no sean evidencia de ningún hecho delictivo, salvo aquellas cuya propiedad esté comprobada como perteneciente a la Fuerza Armada o la PNC. Las personas bajo proceso penal o condenadas por delitos estipulados en el Código Penal quedarían excluidas de este proceso.