La Asamblea Legislativa rechazó este martes tres solicitudes de indulto para personas condenadas por delitos graves, incluyendo secuestro, homicidio y violación. Las solicitudes fueron presentadas por:
- Joaquín Núñez Ayala: condenado a 15 años de prisión por homicidio simple, con pena que concluye el 16 de noviembre de 2035.
- Juan Carlos Torres Hernández: condenado a 26 años y ocho meses por violación en menor o incapaz, cumpliendo su pena total el 24 de octubre de 2040.
- Ramón Omar López Valladares: condenado a 30 años y ocho meses por secuestro agravado, con pena que finaliza el 10 de octubre de 2042.
Los dictámenes desfavorables fueron emitidos por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, argumentando que no se cumplían los requisitos establecidos en la «Ley especial de cursos de gracia», ya que no existen sentencias definitivas ejecutoriadas y se desconoce la veracidad de los hechos. Además, se señala que si el informe de la Corte Suprema de Justicia es desfavorable, la Asamblea no puede acceder al indulto.
La ley, reformada en septiembre de 2022, prohíbe indultos a funcionarios públicos condenados por delitos relacionados con sus funciones y a personas condenadas por delitos graves como homicidio, feminicidio, y delitos contra la libertad sexual, entre otros. Sin embargo, los argumentos en los dictámenes no se relacionaron directamente con estas prohibiciones legales.