La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de su Sección de Probidad, tiene en curso 53 casos activos relacionados con indicios de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el informe de monitoreo elaborado por Acción Ciudadana (AC). Estos casos se originan a partir de las declaraciones patrimoniales presentadas hasta diciembre de 2023.
El informe detalla que estos casos abarcan periodos desde 2015 hasta 2018. En 2015, se detectó un caso; en 2016, se abrieron cuatro casos; en 2017, se activaron 47 expedientes, y en 2018, se registró un caso adicional.
De los 53 casos actuales, 34 son investigaciones relacionadas con exdiputados propietarios, mientras que los demás incluyen siete miembros de la Junta Directiva, cuatro exministros, tres exviceministros, dos exsecretarios privados, un exdirector, un exdiputado suplente y un exalcalde.
El informe también revela que, durante el año 2022, 31 de los 53 casos activos prescribieron. De los casos activos, solo 35 habrían sido enviados a la Cámara con competencia civil entre 2015 y 2023.
Acción Ciudadana subraya la necesidad de implementar «mejoras para hacer más eficiente» la presentación de expedientes a las Cámaras, sugiriendo la asignación de «más personal para el análisis» de las declaraciones patrimoniales. El informe señala que, a pesar de las limitaciones, el mecanismo de la declaración jurada de patrimonio es eficaz para identificar indicios de corrupción.
Además de las declaraciones patrimoniales, el informe recuerda que existen otros mecanismos para detectar el enriquecimiento ilícito, como las denuncias ciudadanas y las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los exfuncionarios actualmente bajo investigación por posibles casos de enriquecimiento ilícito en la CSJ se encuentran Rodolfo Parker, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Francisco Cáceres Zaldaña y Roberto d’Aubuisson.