El pasado jueves, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Ley de Propiedad Intelectual. El propósito de dicha ley es hacer más eficiente el trabajo del Estado al proteger y observar las creaciones que provienen del intelecto de los salvadoreños, como las obras literarias, invenciones, artistas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados para el comercio que cumplan con los estándares de originalidad e innovación.
En la sesión plenaria 14, los parlamentarios se tardaron aproximadamente seis horas en la lectura de 340 artículos que conformarían la nueva normativa y en su discusión. Camilo Trigueros, quien es el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), fue recibido por los diputados para brindarles la información necesaria.
El funcionario explicó que “la propiedad intelectual es una herramienta que permite el incremento de la producción y creatividad, promoviendo el desarrollo social, cultural y económico”.
El objetivo de esta ley es dar a conocer el esfuerzo que muchos emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa realizan diariamente para proteger su marca, sus creaciones y servicios. Esta ley reemplazaría la normativa actual, que ya tiene más de 30 años de vigencia y algunos aspectos desfasados.
Lo innovador es que se promoverá el desarrollo económico y sostenible, se impulsará la creatividad e innovación dentro del país, y será más factible difundir la información, conocimiento, tecnología, cultura y arte. Esta normativa aprobada incluye la creación del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI). La tarea de este instituto será promover y defender la propiedad intelectual, así como simplificar los trámites.
Según los datos otorgados por el CNR, actualmente el usuario realiza nueve procesos en más de tres instituciones, pero con la nueva normativa se busca que el usuario realice tres trámites en una sola institución. Otra atribución del ISPI será gestionar relaciones internacionales con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otras instituciones homologadas.
La ley estima un descuento del 50% en los trámites realizados en el sector de cultura, artes, la comunidad educativa y el sector de micro, pequeña y mediana empresa. Por otra parte, se eximirá del pago a los proyectos especiales y a las instituciones de todos los niveles de educación formal reguladas por la Ley General de Educación en la presentación de solicitudes públicas, derechos de registro de distintivos, derechos de autor y patentes.