La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC), ha ejecutado dos órdenes de captura contra Rafael Enrique Buendía Arenivar y Xiomara Carolina Martínez, quienes están acusados de explotación sexual. Las detenciones se produjeron tras una exhaustiva investigación que reveló su implicación en actividades delictivas graves.
Buendía Arenivar y Martínez son propietarios de un bar en San Miguel. Según las investigaciones de la FGR, ambos utilizaban redes sociales para ofrecer empleos a mujeres jóvenes. Sin embargo, una vez que una de las víctimas llegó al establecimiento en busca de trabajo, fue sometida a explotación sexual, violación, y mantenida en condiciones de esclavitud laboral sin remuneración y sin la posibilidad de abandonar el lugar.
La Fiscalía ha confirmado que se ha llevado a cabo un allanamiento en el bar, donde se han incautado suficientes evidencias que vinculan a los acusados con los crímenes imputados. Rafael Enrique Buendía Arenivar y Xiomara Carolina Martínez serán presentados ante la justicia en los próximos días.
#Operativo | En su compromiso de prevenir y erradicar el delito de trata de personas, la @FGR_SV giró dos órdenes de captura contra personas acusadas de explotación sexual, las cuales se han hecho efectivas en coordinación con la @PNCSV.
Los acusados son:
➡️ Rafael Enrique… pic.twitter.com/v13rQO0Zi7— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 31, 2024
En el mismo operativo, la Policía Nacional Civil detuvo en flagrancia a José Santos Cruz Hernández. Cruz Hernández fue arrestado por el delito de casos especiales de lavado de dinero después de que no pudiera justificar la procedencia de 10,000 dólares en efectivo que llevaba consigo. Este hallazgo subraya la gravedad de las operaciones financieras vinculadas a las actividades ilícitas en el establecimiento.
La FGR continúa trabajando en la investigación para asegurar que todos los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia. La colaboración entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil demuestra el compromiso con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la explotación sexual y otras formas de crimen organizado.