En una entrevista reciente, Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad en la organización Cristosal, expresó preocupaciones significativas respecto al régimen de excepción y las detenciones masivas llevadas a cabo bajo el Plan Control Territorial en El Salvador.
Navas enfatizó que los individuos detenidos bajo este régimen deben ser puestos en libertad debido a la falta de audiencias donde se determine su culpabilidad.
«En El Salvador ha habido un avance en materia de percepción de seguridad, pero considero que el costo de esta percepción es enorme porque implica que miles de personas inocentes estén detenidas, representando una gran carga para el Estado», declaró Navas.
La líder de Cristosal señaló que el 100% de los detenidos bajo el régimen de excepción son personas que viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza, basándose en investigaciones realizadas por su organización y otras entidades.
«Este régimen se caracteriza por haber capturado a miles de personas pobres. Nuestras investigaciones y las de otras organizaciones demuestran que el 100% de las personas detenidas son individuos en situación de pobreza o extrema pobreza», agregó Navas.
Las autoridades de Seguridad han reportado que más de 80,200 personas han sido capturadas bajo el Plan Control Territorial, con decomisos millonarios en bienes y efectivo relacionados con actividades ilícitas como extorsión, venta de drogas y lavado de dinero.
Navas también abogó por los derechos de los pandilleros detenidos, criticando que el gobierno no les garantice adecuadamente alimentación ni atención médica. Además, destacó que muchos de los detenidos llevan más de dos años en prisión sin haber sido sometidos a juicio.
La Asamblea Legislativa aprobó recientemente refuerzos presupuestarios para la alimentación en centros penales y reformas legales para facilitar procesos judiciales, incluyendo juicios realizados de manera remota para miembros de estructuras criminales.
«Resolver los problemas de seguridad no consiste únicamente en encarcelar a las personas, sino también en considerar el impacto económico y humano de mantener a tantas personas en prisión», concluyó Navas.