La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una solicitud al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, solicitando una pena de 12 años de cárcel para el expresidente de El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena, por su presunta implicación en casos especiales de lavado de dinero. Este delito estaría relacionado con un caso en el que se le acusa de haber recibido una avioneta como parte de un soborno para favorecer la adjudicación de una licitación para la construcción del puente San Isidro, sobre el río Lempa, en 2013.
Durante los alegatos finales de la Fiscalía, se argumentó ante los jueces que se había demostrado la existencia del delito y cómo la entrega de la avioneta fue parte de un acuerdo para beneficiar a la empresa guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción S.A (SERDELCO S.A) con la mencionada licitación, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios.
Se sostuvo que se había probado la posesión de la avioneta Beechcrafit King Air TG ADL a favor de Funes Cartagena y del empresario José Miguel Menéndez «Mecafé», como parte de la dádiva entregada por Jaime Ramón Aparicio Mejía, de la empresa constructora del puente.
Durante el proceso judicial, Jaime Aparicio declaró haber entregado la avioneta a Funes antes de la adjudicación, y otros testigos mencionaron que la aeronave permanecía en un hangar en el Aeropuerto de Ilopango, propiedad de Mecafé, donde se hacía uso personal de la misma.
La Fiscalía argumentó que Funes y Mecafé se beneficiaron del arrendamiento de la avioneta, cuyo valor se estima entre un millón y $1.2 millones de dólares, sin que Funes pudiera justificar la licitud de $500,000. Se mencionó que Mecafé actuó como prestanombre para ocultar la ilegalidad del dinero, aprovechando su posición empresarial.
Cabe destacar que Carlos Mauricio Funes Cartagena reside en Nicaragua desde 2016, donde ha obtenido refugio en el Gobierno de Daniel Ortega, y ha sido nacionalizado junto a su familia. Actualmente, enfrenta al menos siete órdenes de captura por diversos procesos penales, habiendo sido condenado previamente a 14 años de cárcel por el caso de la tregua con pandillas y a seis años de cárcel por evasión de impuestos.