La Fiscalía General de la República (FGR) ha formalizado el requerimiento contra el exalcalde de La Paz Centro, Napoleón Armando Girón Iraheta, y el jefe de catastro, Augusto Ticas Linares, quienes fueron detenidos en la madrugada del 14 de mayo por su presunta implicación en la orden de quema de ramadas pertenecientes a comerciantes en la Costa del Sol.
La FGR, a través de su perfil en la red social X, ha señalado que ambos imputados habrían ordenado el desmantelamiento y la destrucción de varios negocios dedicados a la venta de alimentos, lo que los hace objeto de procesamiento por los delitos de incendio y actos arbitrarios.
Como consecuencia de la destrucción y quema de los puestos de venta, más de 50 comerciantes resultaron afectados después de que el personal de la alcaldía procediera al desalojo, argumentando que estaban siguiendo órdenes de un juzgado ambiental que exigía la retirada de aquellos que no contaban con los permisos correspondientes.
Sin embargo, la jueza del Juzgado Ambiental de San Salvador, con sede en Santa Tecla, ha desmentido haber emitido tal orden mediante un escrito presentado el 23 de mayo, asegurando que hubo una «mala interpretación» por parte del personal de la alcaldía de La Paz Centro.
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), encargada de denunciar los desalojos y la quema de los comercios, ha difundido el escrito de la jueza, el cual no solo desvincula a la alcaldía de la orden de desalojo, sino que también insta a la reubicación de los afectados en el Parque Recreativo Costa del Sol o en otro lugar dentro del municipio.