En una entrevista exclusiva, el vicepresidente Félix Ulloa destacó que la posibilidad de una reelección presidencial indefinida en El Salvador no está determinada por una norma constitucional, sino por la voluntad popular expresada en las urnas. Ulloa subrayó que, si existe un consenso en la población y una voluntad clara en favor de la reelección, el pueblo tiene el poder de decidir en este aspecto.
Además, el vicepresidente electo defendió la reciente reforma legislativa del 29 de abril, la cual considera una mejora respecto a sus propuestas anteriores. Enfatizó que la reforma aprobada otorga más garantías al proceso legislativo al permitir que una misma Asamblea apruebe y ratifique las reformas, siempre y cuando cuente con el respaldo de tres cuartas partes de los legisladores, lo que actualmente está en consonancia con la composición de la Asamblea.
Ulloa explicó detalladamente los cambios introducidos por la reforma, destacando que esta agrega un elemento de seguridad adicional al proceso, eliminando la necesidad de convocar a un referéndum en ciertos casos.
Sobre las críticas respecto a la rapidez con la que se aprobó la reforma, Ulloa señaló que es una práctica común en la historia legislativa del país, recordando ejemplos anteriores de cambios constitucionales realizados en el último momento de una legislatura.
Asimismo, el vicepresidente rechazó las acusaciones de que el presidente Bukele esté instaurando una dictadura en El Salvador. Desestimó estas afirmaciones como infundadas y provenientes principalmente de fuentes extranjeras, citando periódicos internacionales y nacionales que han alimentado esta narrativa.
Ulloa también criticó a las voces que provienen de ex funcionarios del FMLN, considerándolas como parte de un intento por desacreditar al gobierno actual. Sin embargo, reconoció que ha habido casos de capturas ilegales, asegurando que se ha respetado el debido proceso y que miles de personas han sido liberadas tras demostrar su inocencia.
En resumen, el vicepresidente Félix Ulloa defendió tanto la legitimidad de la reforma legislativa como la estabilidad democrática del país, destacando el papel central del pueblo en la toma de decisiones sobre temas fundamentales como la reelección presidencial.