En la última sesión plenaria número 149, los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron un conjunto de siete disposiciones destinadas a impulsar mejoras significativas en el país.
La primera de estas medidas, aprobada con 72 votos, incluyendo algunos de los partidos Arena y FMLN, extiende hasta el 31 de marzo de 2026 la «Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos». Esta ley elimina los aranceles para productos alimenticios como verduras, carnes, huevos, harina, aceites, fertilizantes y abonos.
Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra, pero aseguró que no ha visto una política agropecuaria integral para que el país sea productor de los alimentos que consume. “Son medidas muy aisladas que solo resuelven un problema específico pero que no ven el panorama completo, gobernar se trata de planificar el desarrollo del país”, expresó.
En un contexto donde la inflación fue del 0.8 % hasta febrero de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), y del 2.15 % en alimentos y bebidas no alcohólicas, la más baja desde mayo de 2021, estas medidas apuntan a estabilizar y mejorar la situación económica del país.
Además, se aprobó una reforma al Código de Comercio con 79 votos, incluyendo los de la oposición, que permitirá a las empresas reducir tiempos en la liberación de cheques y sus fondos mediante el proceso de «truncamiento» de cheques, eliminando o reduciendo el intercambio físico de los mismos. Esta medida facilitará los procesos comerciales y financieros en el país.
La Asamblea Legislativa también autorizó un préstamo de hasta $68 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el programa de «Fortalecimiento de espacios públicos para la sostenibilidad de la seguridad y la recuperación del tejido social en El Salvador», con el objetivo de mejorar la seguridad y el bienestar social en comunidades vulnerables.
Además, se aprobó un préstamo de $75 millones para el «Programa de mejora ambiental, agua potable y saneamiento en la cuenca alta del río Lempa (Trifinio) y Puerto de La Libertad en El Salvador», con el fin de llevar a cabo proyectos de restauración forestal, mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y sistema de agua potable, así como estudios de restauración de áreas degradadas y educación ambiental.
Otra medida importante fue la prórroga para que el capítulo que castiga las infracciones por violaciones a los derechos de las personas con discapacidad inicie su vigencia el 1 de enero de 2025, en lugar del 1 de abril como se había previsto inicialmente.
Finalmente, se aprobó una prórroga a la vigencia de la nueva Ley de Superintendencia de Regulación Sanitaria hasta el 9 de agosto de 2024, para establecer el funcionamiento de la Superintendencia y su rol en la regulación de alimentos, bebidas, medicamentos y otros productos relacionados con la salud pública.
También se realizó una reforma a la ley de reducción de los municipios en El Salvador para especificar que el distrito de San Salvador será la capital de la República, estableciendo así una distinción clara en la organización administrativa del país.