En un evento trascendental que congregó a observadores electorales e invitados especiales, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, llevó a cabo la juramentación de los integrantes de las 51 mesas de trabajo encargadas del escrutinio final de las elecciones presidenciales, vicepresidenciales y legislativas.
La ceremonia, que tuvo lugar con la presencia de representantes del Organismo Colegiado, marcó el inicio del proceso de escrutinio, cumpliendo con la obligación establecida por el artículo 214 del Código Electoral. Según la presidenta, este proceso debe llevarse a cabo dentro de las 48 horas posteriores al cierre de la votación, que en este caso corresponde a las elecciones celebradas el pasado cuatro de febrero.
“Con este acto cumplimos la obligación que tiene este Tribunal de iniciar el escrutinio final en el plazo previsto por el artículo 214, del Código Electoral, que determina que el mismo debe efectuarse a más tardar dentro de las 48 horas de haberse cerrado la votación, en este caso, de las elecciones del pasado cuatro de febrero”, dijo la magistrada presidenta.
Martínez detalló que se conformarán 49 mesas de trabajo para el escrutinio del voto nacional y dos adicionales para el escrutinio del voto en el extranjero. El inicio del escrutinio se centrará en las actas de la elección presidencial transmitidas remotamente el pasado domingo por las Juntas Receptoras de Votos hacia el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE).
La metodología a utilizar durante el escrutinio, según lo establecido en el artículo 217 del Código Electoral, será el método D’Hondt para la asignación de escaños en la Asamblea Legislativa.
Con el objetivo de asegurar la eficiencia del proceso, el Organismo Colegiado estará presente en sesión abierta para abordar situaciones relacionadas con votos impugnados, siguiendo las pautas del artículo 215 del Código Electoral. Además, resolverá cualquier recurso que se presente durante este proceso, siempre actuando en estricto apego a la ley.
Este importante hito marca el comienzo de una etapa crucial en el proceso electoral, donde se garantiza la transparencia y legalidad en la determinación de los resultados finales que regirán el futuro político del país.