Los diputados de la Asamblea Legislativa, con 64 votos, aprobaron reformar la Ley de Presupuesto 2023, con el fin de incorporar $296 millones que serán distribuidos en seis ministerios, para dar continuidad a diferentes proyectos que beneficien a la ciudadanía.
Según la reforma, se destinarán al Ministerio de Defensa Nacional se le destinarán $36.8 millones para seguir implementando el Plan Control Territorial, además de un desembolso de $15.5 millones, los cuales se utilizarán para financiar acciones prioritarias que debe realizar la Policía Nacional Civil para velar por la protección de la población.
“Se acercan las festividades (Navidad y Año Nuevo) en las que miles de salvadoreños regresan al país, en la que miles de salvadoreños, por fin, podrán acercarse a sus familias que residen diferentes colonias, barrios y cantones del país. Era imposible visitar a un familiar que residiera en una colonia de una pandilla contraria y eso se acabó”, expresó William Soriano.
“Se acabaron esos tiempos donde las pandillas cogobernaban con ARENA y el FMLN. Le damos la bienvenida al nuevo El Salvador que estamos construyendo con el Gobierno, donde ya llevamos más de 500 días sin homicidios”, afirmó el legislador.
El Plan Control Territorial se comenzó a implementar en 2019 y ha permitido desarticular a las estructuras criminales que, por décadas, se dedicaron a asesinar, a extorsionar y a generar zozobra entre la población, sin que los gobiernos anteriores trabajaran realmente para combatirlas.
A lo que el diputado Christian Guevara, agregó: “Este dinero es una cifra menor a la que se robó el expresidente Mauricio Funes, pero ahora sí va destinado a diversas carteras de Estado, no al bolsillo de Sigfrido Reyes o Sánchez Cerén. Ahí les encantaba que les llegara”.
Además, para la ejecución de diferentes proyectos turísticos y de promoción de la productividad se asignarán $13.5 millones al Obras Públicas. Asimismo, el Ministerio de Agricultura dispondrá de $8 millones para sufragar gastos de funcionamiento y asegurar la eficiente gestión, ejecución y seguimiento de la política agropecuaria, forestal y pesquera del país.
Mientras que la cartera de Hacienda requiere de $221.7 millones para pagar obligaciones generales del Estado y la cartera de Trabajo y Previsión Social recibirá $500 mil para gastos de funcionamiento institucional.