La Fiscalía General de la República expuso pruebas finales en del caso Saqueo Público», y solicitó penas entre los 15 a 30 años de cárcel para los diez exfuncionarios acusados del desvío de $351 millones de la Cuenta de Gastos Reservados de Casa Presidencial, durante la gestión de Mauricio Funes.
El Ministerio Público solicitó al Tribunal Primero de Sentencia las penas máximas de 15 años de cárcel, para el exgerente Financiero Institucional de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño; el asistente técnico financiero, Pablo Gómez. Todos acusados de peculado y lavado de dinero, 15 años de cárcel por cada delito, sumando 30 años de cárcel.
Así mismo, los fiscales pidieron el pago de responsabilidad civil de $351 millones, y que el arresto domiciliario sea vigilado estrictamente por agentes de la Policía Nacional Civil.
En el caso del expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, pidieron la pena de 12 años de cárcel por el delito de peculado en grado de cómplice necesario y otros 15 años más por el delito de lavado de dinero.
Para Rivera Castro pidieron una responsabilidad civil de $215,000, correspondiente a 43 cheques que recibió del dinero de Casa Presidencial, así mismo, una responsabilidad civil de forma solidaria de $222 millones.
En cuanto Luis Miguel Ángel García, padre de un piloto de confianza de Mauricio Funes, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero, y el pago de responsabilidad civil de $357,842.95.
En el caso de la exprimera dama, Vanda Pignato, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel por el delito de simulación de delitos, por un caso de denuncia «falsa» por la supuesta falsificación de una compraventa por un vehículo por $66,000 que la Fiscalía le cuestiona a la exprimera dama. Y también porque el dinero en efectivo era proveniente de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de la Casa Presidencial.
Para Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, la Fiscalía pidió ocho años de cárcel por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos, así mismo, el pago de una responsabilidad civil de $339,579.46, que es lo que habría dejado de pagar al Ministerio de Hacienda entre los años 2014 y 2015, ya contabilizando los intereses.