Este 15 de agosto, los diputados de la Asamblea Legislativa decidirán en la sesión plenaria formalmente si se le retira el fuero constitucional al diputado Érick García, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda presentar una acusación penal contra él por el delito de falsedad ideológica.

Antes de aprobar el dictamen, la comisión recibió a Ricardo Miranda y Julio César Orellana, abogados defensores de García, quienes expusieron que no se opondrían a lo que discutía en la mesa de trabajo, debido a que el mismo legislador presentó un escrito ante la Asamblea Legislativa para renunciar a su inmunidad constitucional.

“El fuero no debe de ser algo como para que un funcionario no responda ante el sistema judicial y el diputado García solicitó que se le retire esta herramienta”, señaló el parlamentario Caleb Navarro, relator del caso.

Por su parte, la legisladora Alexia Rivas manifestó que el fuero no es sinónimo de impunidad y que los cargos públicos revisten la esencia del pueblo salvadoreño de hacer las cosas correctamente.

El presidente Castro afirmó que la Asamblea Legislativa siempre estará dispuesta a cooperar con la FGR cuando solicite desaforar a otro funcionario.

“Si la Fiscalía nos vuelve a solicitar quitar el fuero a alguien, vamos a proceder de la misma manera. Eso está diferenciando a esta legislatura de las anteriores, cuando estuvieron esos maleantes”, apuntó el legislador Castro.

Al diputado, al diputado García se le acusa porque en un audio decía que le daba, en calidad de préstamo, $90.000 a Luis Alonso Portillo Turcios; y este decía darse satisfecho por haber recibido dicho monto. Sin embargo, posteriormente el parlamentario negó haber entregado el dinero y que aseguró que jamás sucedió lo que está en el documento público.

La solicitud del desafuero que el mismo García hizo fue aceptada por los diputados fiscales, es decir por los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña.

Esta figura está tipificada en el artículo 131 del Código Procesal Civil y Mercantil e indica que el allanamiento se refiere a que al demandado se le aceptará lo que solicite.

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