El Gabinete de Seguridad presentó ante la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado, que aumentará hasta en una tercera parte adicionar la pena máximas contra los imputados que sean clasificados como autores intelectuales de crimen organizado.
el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, mencionó que la reforma iría dirigida a los cabecillas de las pandillas, cuya pena máxima por pertenecer a dichas estructuras asciende a 45 años de prisión.
Dentro de la reforma esta estipula que en las investigaciones policiales haya colaboradores nacionales y extranjeros en operaciones encubiertas, así como permite que el acta de entrevista por agentes policiales sea, valorada como prueba y que se permita a la Fiscalía realizar actos urgentes y proceder a su obtención, buscando la ratificación judicial en las siguientes 72 horas.
Además la propuesta suprime como peritos permanentes a los miembros de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, destacando el concepto de peritos accidentales, así mismo los reconocimientos por medio de fotografías serian incorporados como prueba para determinar si una persona es autor o participe de un delito.
Otra reforma que fue presentada consiste en que tiene que ver con la facilitación de pruebas es la confesión, un requisito en el procedimiento abreviado en la normativa. Asimismo se contempla que el juez deberá integrar los elementos de prueba relacionados a la confesión de imputado, no siendo necesario inmediar prueba testimonial.
Con esta reforma se pretende aumentar las penas y mejorar los sistemas de investigación para aprobar penas a los implicados en el crimen organizado.