La Corte de Cuentas de la República presentó 46 avisos del mismo numero de alcaldías por un monto de más $28 millones que suma el manejo inadecuado de dinero del estado que las municipalidades dieron a los fondos COVID-19 y FODES ; la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) entre el 1° de enero al 9 de mayo de este año por el presunto cometimiento de actos arbitrarios, administración fraudulenta, malversación, entre otros.
El pasado 11 de enero, la CCR pidió la investigación contra 8 alcaldías, el 23 de ese mismo mes fueron 10 comunas, ya para el 21 de marzo avisaron de 17 alcaldías y 1 centro escolar. Las comunas señaladas de irregularidades concluyeron su período en abril de 2021.
La última presentación ante el ministerio se estableció el monto de lo mal usado por 10 alcaldías se estimó en $7,110,990.68, de acuerdo con la institución los fondos fueron erogados por el Ministerio de Hacienda para atender la emergencia por la pandemia y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, de acuerdo con los Decretos Legislativos 650 y 687.
Los avisos corresponden a igual número de municipalidades, de la cuales 4 son del departamento de San Salvador, 3 de San Vicente, una de Chalatenango, una de Cuscatlán y una de La Libertad.
El coordinador General de Auditoría, Adán Tomás Zavaleta y el apoderado legal, Carlos Quinteros Amaya, informaron que, entre las observaciones identificadas, están que se efectuaron erogaciones de fondos para pagos de proyectos, así como adquisiciones de productos y servicios que no estaban relacionados con la pandemia por COVID-19.
La auditoría señala que se autorizó el traslado de fondos entregamos por la pandemia a cuentas del FODES para pagos de planillas de salarios, dietas, gastos de representación, compensaciones económicas, entre otros gastos ajenos a la emergencia nacional.
El informe de la CCR da cuenta que no se encontraron evidencias de los procesos de compras y se detectaron posibles deficiencias en las licitaciones.
Los representantes de la Corte agregaron que los períodos observados en las 10 auditorías realizadas a alcaldías corresponden a gestiones municipales que iniciaron el 1 de mayo de 2018 y finalizaron el 30 de abril de 2021.