Daniel Ortega, presidente Nicaragua, despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores y los acusó de ser “traidores de la patria” y “prófugos de la justicia”, además incluyó una orden de confiscación de bienes.
El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, anunció el retiro de la nacionalidad a un grupo de ciudadanos en los que incluyó a periodistas, directores de medios, activistas, políticos, religiosos, defensores de derechos humanos, entre ellos el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez.
Entre los 94 figura el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, la escritora Gioconda Belli y los defensores de derechos humanos Vilma Núñez, Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva; así como los reconocidos periodistas Carlos Fernando Chamorro, Luis Galeano, Wilfredo Miranda, Lucía Pineda, y otros.
Además, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó ante medios oficialistas la resolución que declaró la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas «prófugas de la justicia».
«Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población. Por estos hechos, a los acusados no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses», comunicó Rodríguez.
Con estos 94 ya suman 316 personas a los que les han despojado la nacionalidad. Cabe recordar que anteriormente, 222 presos políticos fueron liberados y desterrados en Estados Unidos.
«Ténganse a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua» y cargos de elección pública a perpetuidad, indicó el juez.
El magistrado indicó «Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua; pero además, se les declaró prófugos de la justicia».