La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativo aprobó el dictamen de una nueva Ley de Compras Públicas que sustituirá la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Algunos cambios es la supresión de la garantía del mantenimiento de los precios de las ofertas por parte de las empresas a las instituciones del Estado, el establecimiento de los procesos en tiempo real, la creación de un oficial de cumplimiento y las nuevas exclusiones que se establece que no se aplicará la nueva Ley de Compras cuando el Estado adquiera o alquile inmuebles, seguros paramétricos, membresías o proyectos estratégicos de utilidad pública.
El proyecto de ley elimina el requisito para los oferentes de presentar una garantía de mantenimiento de oferta, que implica un compromiso de mantener los precios de los bienes o servicios que oferta al Estado.
“De pronto los funcionarios nos volvemos extremadamente garantistas que, aunque tengamos la disposición, nos ponemos a la forma más exquisita”, dijo Mauro Jovel, director de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC).
El diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, dijo “en esta ley no habla tajantemente ni establece una prohibición de manera absoluta para que los funcionarios puedan ofertar”, expresó en alusión del artículo 25 en el literal b, que expresa que funcionarios públicos, directores o servidores públicos que manejen fondos, ni sus familiares, no podrán ofertar en su misma institución, Ávila dijo que podría interpretarse que en otras sí.
Ante esa observación, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que familiares de funcionarios públicos tienen derecho a participar.
“No estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de familiares de servidores públicos que pueden ser microempresarios y que pueden tener el derecho a participar en un proceso de compra, pero por supuesto no en la institución en la que trabaja su familiar por así decirlo. (…) No estamos fomentando ninguna forma de corrupción”, afirmó.
Dicha, ley esta siendo debatida en el pleno legislativo para ser aprobada y pueda entrar en vigencia luego de ser publicada en el diario oficial.