Las autoridades brasileñas empezaron realizan investigaciones y medidas judiciales luego del asalto de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo, para observar los desastres causados por inundaciones recientes, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.
“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados. Democracia siempre”, dijo el mandatario, que sigue trabajando desde el palacio presidencial pese a los destrozos.
Los disturbios, que dejaron al menos 300 personas detenidas, según informó la Policía Civil del Distrito Federal, provocaron una primera respuesta de las instituciones brasileñas.
Fiscalia general solicitó abrir investigaciones que lleven a la «responsabilización de los involucrados» en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.
El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de verdaderos terroristas.
“En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, afirmó.