Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático emitieron un dictamen favorable para reformar los artículos 255, 256 y 257 del Código Penal, con el propósito de imponer sanciones más severas a quienes arrojen desechos en lugares no autorizados.

La propuesta contempla penas desde 1 a 10 años de cárcel para quienes arrojen más de dos libras de basura en las calles, aceras, carreteras, playas, parques nacionales u otros lugares turísticos, así como para aquellos que viertan líquidos contaminantes en quebradas, ríos o lagos.

Los cambios a la normativa vigente

El proyecto de reforma analizado por la mesa de trabajo señala en el artículo 255, en lo referido al delito de contaminación ambiental, que toda persona que arroje o abandone más de dos libras de residuos o desechos de cualquier clase en lugares no autorizados será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.

Además, en el inciso dos del referido artículo se estipula que cuando se trate de emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmosfera, aguas terrestres, superficiales o marítimas que pongan en peligro la salud y calidad de vida de las personas, o el equilibrio de los sistemas ecológicos, la persona será castigado con penas de prisión de cuatro a ocho años.

El delito de contaminación agravada será sancionado con penas de seis a 10 años de cárcel y el de contaminación ambiental culposa será castigado con uno a tres años de prisión.

Durante las últimas semanas, los legisladores recibieron a representantes de los ministerios de Salud y Medio Ambiente, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes explicaron cómo el mal manejo de la basura genera problemas de salud y graves daños a los ecosistemas.

Según el monitoreo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación  de los recursos hídricos en el país tiene como principal agravante la disposición final de basura o desechos sólidos de la ciudadanía. Este informe reveló que de los 55 ríos que fueron monitoreados por la institución, 17 resultaron con agua de mala calidad y otros 5 tenían agua de pésima calidad.

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