Los diputados reformaron la Ley Especial de Ocursos de Gracia con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar que los delincuentes condenados por actos de corrupción o vínculos con  pandillas cumplan castigos por sus fechorías.

Los cambios en la normativa incorporan el artículo 13. En él se establece que quienes han causado un daño a las víctimas y a la sociedad no podrán recurrir a un indulto para recuperar su libertad sin antes haber cumplido las condenas impuestas.

Con el aval hecho por la Asamblea, las personas que han ocupado un cargo público, y valiéndose de ello han cometido delitos, tampoco podrán hacer uso de esa figura.

Antes de emitir un dictamen favorable, la mesa legislativa recibió aportes técnicos jurídicos de la Procuraduría General de la República, el Consejo Criminológico Nacional, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Todos los delegados coincidieron en era necesario reformar la ley para que el perdón de la pena no fuera para todo tipo de delitos.

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