Con 64 votos, los diputados aprobaron el decreto para habilitar la estrategia de administración y manejo de pasivos, que tiene como propósito la generación de ahorros en el pago de servicios de deuda, mejorar el perfil de vencimiento de la deuda contratada, liberar espacios de liquidez para cubrir otras necesidades prioritarias, entre otros.

Con ello se abre la oportunidad para que El Salvador pueda recomprar su deuda, pagando por adelantado el vencimiento de la misma, que está pautada para 2023 y 2025. Ambos compromisos fueron adquiridos durante los gobiernos de los expresidentes Francisco Flores (2003), y Mauricio Funes (2012).

Este decreto autoriza al Ministerio de Hacienda para realizar operaciones administrativas de manejo de pasivos, de acuerdo a las reglas del mercado internacional. La institución se encargará de definir el mecanismo de registro, inscripción, fechas y montos para hacer las operaciones de recompra de los bonos, efectuando las comunicaciones con las entidades nacionales e internacionales correspondientes.

Asimismo, con los votos de 66 parlamentarios se avaló un refuerzo presupuestario para el ejercicio fiscal 2022 por $200 millones, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que reforzarán la puesta en marcha de la estrategia de manejo de pasivos.

Estos fondos constituyen un reembolso al Estado por las erogaciones efectuadas para llevar a cabo la implementación de las medidas económicas para paliar la crisis ante la inflación mundial.

El Ejecutivo hizo un sacrificio fiscal que asciende a más de $320 millones para absorber los costos de la eliminación parcial o temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta de combustibles, la fijación de precios máximos de la gasolina, la suspensión del cobro de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros (COTRANS) y del Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE), así como la estabilización de los precios del gas licuado de petróleo.

Los $200 millones serán orientados a atender obligaciones generales del Estado, específicamente para recomprar la deuda externa del país, de los bonos con plazo de vencimiento al 2023 y 2025.

En el mismo sentido de asegurar la compra de la deuda externa, con 65 votos los parlamentarios autorizaron la incorporación presupuestaria del monto en dólares correspondiente a 275 millones en Derechos Especiales Giro (DEG).

Con ello, se suman $365.1 millones, que es el equivalente en dólares de los DEG, para honrar los pasivos que tiene el país. Estos fondos provienen del Fondo Monetario Internacional (FMI) y fueron asignados al país en el marco de la pandemia en 2021.

El dinero será transferido por el Banco Central de Reserva (BCR) al Ministerio de Hacienda por medio de la emisión de un bono interno del equivalente en dólares al momento del canje de los 275 millones en DEG.

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