Desde el anuncio de las 11 medidas, en marzo de este año, las instituciones del Gobierno trabajan articuladamente para inspeccionar que importadores, distribuidores y comercializadores no cometan arbitrariedades al incrementar injustificadamente los precios, afectando la estabilidad económica de los salvadoreños.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, destacó que las verificaciones han permitido frenar una escalada de precios: “Es una labor que desde hace cinco meses estamos desarrollando con otras instituciones, para garantizar el cumplimiento de las medidas ante la inflación”.

Asimismo, el presidente de la autónoma informó que han registrado más de 103,000 verificaciones a escala nacional y reiteró que, en caso de los comercios que no cumplan con las medidas, la autónoma toma acciones ante el Tribunal Sancionador.

“Hay 260 establecimientos que estamos investigando por aumentos injustificados en temas vinculados a granos básicos, lácteos, frutas y verduras, aceites y harinas”, señaló Salazar, quien añadió que la obstaculización en las inspecciones puede ser una infracción grave. “Esto implica una sanción de hasta 500 salarios mínimos”, apuntó.

El periodo de vigencia de las 11 medidas ante la inflación ha ido siendo extendido por el Gobierno del Presidente Bukele, colocando al país como uno de los mejores del istmo al enfrentar esta problemática. “En julio tuvimos el 7.4 % de inflación. Eso nos ubicó en la tasa más baja de la región”, puntualizó el presidente de la Defensoría.

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