El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, asistió a la mesa legislativa para explicar la visión de la institución respecto a las modificaciones para aplicar la Ley Contra la Usura.
“La tasa de interés que se le ofrece a la persona comparada con la tasa efectiva es lo que venimos a exponer acá, al final con comisiones y recargos se elevan más. Es nuestra recomendación revisar las comisiones que se pueden y que no se pueden aplicar para tomar una decisión que beneficie a las mayorías y vaya en pro del desarrollo de la economía”, manifestó el presidente de la entidad.
La tasa de interés simple, de acuerdo a Daniel Deras, del equipo técnico del BCR, es el interés mensual que el cliente paga, la tasa de interés efectiva se refiere a cuánto va a pagar si se suman seguros y comisiones, mientras que la tasa de interés máxima efectiva anual es el consolidado de todos estos cobros de manera anual.
Al comprar, el cliente termina pagando una cantidad mayor al interés ofrecido cuando se agregan las comisiones y recargos.
Entre las recomendaciones brindadas se encuentra el evitar que estas comisiones y seguros pasen a formar parte del capital, porque genera interés sobre interés, aspecto que ha sido retomado en esta primera etapa de reformas.
En este tema, el titular del banco explicó que, por ejemplo, por un crédito de $2,000, se descuentan $200 en concepto de comisión por otorgamiento, por lo que el cliente recibe $1,800, pero los intereses se calculan sobre los $2,000. Esta es una práctica que las reformas buscan frenar.
En cuanto a las tasas de interés, Guadalupe Escobar, también parte del equipo técnico del BCR, expuso que actualmente para crédito de consumo con orden de descuento es del 21.57%, mientras que sin orden de descuento es de 82.7%.
Los techos de las tasas de interés serán analizados por la comisión en un segundo pliego de reformas en las que comenzará a trabajar la mesa legislativa, según afirmó la presidenta de la comisión, Dania González.
Por otra parte, el equipo del BCR recomendó establecer comisiones improcedentes porque son inherentes al servicio que se presta y fortalecer los poderes de supervisión e incrementar los estándares regulatorios tanto de la Defensoría del Consumidor como de la SSF.
Además, establecer pagos anticipados sin penalidad, que ya está previsto en las reformas, y analizar la gradualidad de acciones para disuadir conductas ilegales de los acreedores, pero tampoco cerrar oportunidades de negocio.
Rodríguez y su equipo técnico invitaron a los diputados a hacer un listado de las comisiones de carácter homogéneo, es decir, diferentes nombres que las instituciones financieras utilizan para el mismo concepto.