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La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa propusieron hacerle cambios al artículo 259 del Código Penal para que se puedan incorporación y producir como evidencia digital en los procesos judiciales los mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de cualquier dispositivo electrónico.

La incorporación de la evidencia digital permitirá prevenir delitos como la estafa, pedofilia, extorsión o la clonación de identidad.

La iniciativa fue presentada debido no hay reglas específicas para la incautación de la evidencia digital, el ofrecimiento, la admisión y la producción en el proceso penal, lo que impide que pueda usarse adecuadamente.

También deberá participar un perito informático que haya intervenido en la obtención, resguardo o almacenamiento de la información.  La de evidencia digital será confiscada por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.

El diputado Francisco Villatoro señaló que las modificaciones propuestas son la continuación de una serie de reformas que buscan garantizar la seguridad y defensa digital de los salvadoreños.

“Lo que queremos es impulsar iniciativas que protejan a los salvadoreños de los delitos informáticos, porque las personas quieren justicia y seguridad digital”, sostuvo el diputado Villatoro.

Walter Coto expresó que la evidencia digital es un tipo de prueba que había quedado en el limbo y lo que se busca es que el juzgador tenga suficientes elementos para establecer responsabilidades penales.

“Con estas reformas tendremos un impacto a nivel regional. El Salvador estará en la vanguardia para combatir los delitos informáticos”, aseguró el legislador Geovanny Saldaña.

Los diputados explicaron que la producción de la evidencia digital podrá ser realizada en el proceso penal mediante el uso de cualquier método y recurso tecnológico internacionalmente aceptado.

Asimismo, durante la investigación de un hecho delictivo se podrá ordenar la realización de operaciones encubiertas digitales, las cuales serán autorizadas por el Ministerio Público y las realizarán los agentes de la Policía.

 

Ambas instituciones podrán suscribir acuerdos con entes públicos o privados, con sede en otros países, que le permitan recibir y documentar noticias criminales del cometimiento de delitos informáticos

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