Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones para dos funcionarios del gobierno de El Salvador.

Las sanciones son para Osiris Luna Meza y Carlos Marroquín, por presuntos casos de corrupción, así mismo,  se incluye a Alma Yanira Meza, madre del director de Centros Penales.

Una investigación revela que estos funcionarios y líderes de pandillas encarcelados, como Mara Salvatrucha 13 (MS-13), designada por el Tesoro, expone las negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y la organización criminal.

Según el documento, la MS-13 fue designada el 11 de octubre de 2012 de conformidad con E.O. 13581 por su participación en graves actividades delictivas transnacionales, que incluyen tráfico de drogas, secuestro, tráfico de personas, tráfico sexual, asesinatos, asesinatos, extorsión, chantaje, extorsión y delitos migratorios.

Agrega, que Osiris Luna Meza y Carlos Amilcar Marroquín Chica “dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados, en las que se permitió que pandilleros conocidos ingresaran a las instalaciones penitenciarias y se reunieran con altos mandos de la pandilla. Estas reuniones fueron parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas”.

Otra de las razones que el documento señala es que en el 2020, la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y 18 para garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos.

“En el transcurso de estas negociaciones con Luna y Marroquín, el liderazgo de las pandillas también acordó brindar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las próximas elecciones. Nuevas Ideas es el partido político del presidente y obtuvo una supermayoría de dos tercios en las elecciones legislativas de 2021”.

 “El gobierno de Bukele estuvo representado en tales transacciones por Luna, el Jefe del Sistema Penal salvadoreño y Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y Marroquín , Presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Además de las asignaciones financieras las pandillas también recibieron privilegios para el liderazgo de las pandillas encarcelados en las cárceles, como la provisión de teléfonos móviles y prostitutas” expone el documento.

Otro de los hallazgos en la investigación, El departamento del Tesoro de los Estados Unidos revela que en medio de la pandemia Osiris Luna también negoció un acuerdo con los líderes de las pandillas de la MS-13 y Barrio 18 para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en las áreas controladas por las pandillas.

“Por otra parte, Luna participó en un plan para robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de COVID-19. Estos artículos se transfirieron a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al gobierno”.

Entre los sancionados también aparece la madre de Osiris Luna, quien ha sido identificada como Alma Yanira Meza Olivares, persona que “actuó como negociadora en algunas de estas transacciones”, dice el informe.

Además,  señalan que la Madre de Osiris Luna junto a él desarrollaron un plan para malversar millones de dólares del sistema de comisaría penitenciaria de El Salvador. “También crearon puestos de trabajo fraudulentos dentro del sistema penitenciario, en los que supuestos “empleados” recibirían cheques de pago mensuales y devolverían la mayor parte de las ganancias a Luna y Meza”.

Ante las pruebas de la investigación el Departamento del Tesoro acordó que todas las propiedades e intereses en la propiedad de las los funcionarios Luna, Marroquín y Mesa que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas.

“Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas”.

Las acciones se toman de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa, y tiene como objetivo a los perpetradores de corrupción y abusos graves a los derechos humanos señala el comunicado.

“El crimen organizado transnacional y la corrupción a menudo van de la mano con efectos desestabilizadores masivos sobre el estado de derecho y la gobernabilidad democrática”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros Andrea M. Gacki.

 «El Tesoro continuará desmantelando agresivamente los vínculos entre las organizaciones criminales transnacionales y la actividad corrupta, especialmente por parte de quienes están en el cargo y tienen la confianza del público», agregó.

De acuerdo a la OFAC, la corrupción erosiona la confianza en las instituciones democráticas, particularmente cuando los grupos criminales se benefician de la cooperación con los funcionarios públicos y cuando se permite que los actores ilícitos actúen con impunidad.

El crimen organizado a menudo alcanza un alcance transnacional, donde los grupos criminales operan a través de las fronteras, socavan la integridad del sistema financiero internacional y complican los esfuerzos de aplicación de la ley.

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