La Comisión Financiera inició la discusión sobre reformas a la Ley contra la Usura con el propósito de ayudar al 70% de la población no bancarizada que tiene que pagar altos intereses por préstamos en diferentes financieras señaló la presidenta, Dania González

“El 70% de la población que había sido excluido del sistema financiero es el que ha acudido a los usureros, quienes han hecho transacciones sin condiciones jurídicas, de manera irregular y nunca han sido penados por la ley”, declaró la presidenta de la mesa, Dania González.

Las reformas se concentrarán en tres ejes principales, primero, analizar y establecer sanciones penales a los usureros que no cumplan con la ley, pues, a la fecha, los llamados de atención son verbales.

En segundo lugar, estudiar el cómputo de los intereses, que tienen que ver con la forma en la que es distribuido el pago que hacen los consumidores. Actualmente, cubre primero el 100% de los intereses, después, las comisiones cobradas por financieras y bancos y, por último, abono a capital (es el monto más bajo de los tres).

El tercer eje consiste en regular las tasas de interés máximas efectivas, las cuales tienen un valor multiplicador del 1.6%. Esta tasa se calcula multiplicando el valor del 1.6% por la tasa de interés establecida en el mercado (depende de la oferta y la demanda, y del sector al que esté referida).

Así se obtiene la tasa de interés máxima efectiva, que es del 85.33% para el segmento de la población que no tienen acceso a la banca. La comisión analiza si se puede bajar el multiplicador (1.6%) o si se puede establecer una tasa máxima efectiva que sea inferior a la actual, para desahogar el bolsillo de la población.

La Ley contra la Usura se estableció en 2013, desde entonces, el contexto ha cambiado y exige que las leyes vayan al ritmo de cómo evoluciona la sociedad y las necesidades de la población.

Los diputados también consideran dar más herramientas a la Defensoría del Consumidor para inculcar en la población la cultura de la denuncia y que recuperen la confianza en las instituciones del Estado; también analizarán la comisión que cobran los bancos por hacer retiros con tarjeta de crédito o débito.

Estas iniciativas requerirán de la discusión con otras comisiones para lograr cambios para beneficio de los salvadoreños. La población puede hacer llegar sus propuestas al correo justiciafinanciera@asamblea.gob.sv.

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