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Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron esta mañana que cuentan con las pruebas necesarias para acusar a Joel Omar Valle Leiva y Francisco Boanerges García Valle sobre la desaparición de Flor María García ocurrida en marzo de este año.

De acuerdo, al Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro las pruebas recolectadas dentro de la investigación apuntan a que el esposo de la víctima es el responsable de la desaparición. “Tenemos evidencia sólida en el caso (de Flor García)”, recalcó.

Por su parte el Fiscal General de República detalló que Joel Valle, esposo de Flor García, será procesado por «idear y ejecutar» la desaparición de la víctima. Francisco Boanerges García será acusado de cómplice necesario en el delito de desaparición de personas.

Las aprehensiones se realizaron ayer en Cojutepeque y se ejecutaron 6 allanamientos en puntos de relevancia para las investigaciones, expreso el fiscal. Agregó, además que “Existen muchos elementos indicadores de que han determinado que las relaciones desiguales de poder en el imputado ejercía sobre la víctima y que pueden haber conllevado a la desaparición de Flor”, así mismo estas determinan la autoría del imputado en los hechos informaron los fiscales del caso.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades han explicado que dentro de esta investigación se ven involucrados menores de edad, los cuales han sido víctimas de lo sucedido es por ello que están trabajando por resguardar su protección.

Flor de María fue reportada como desaparecida el 16 de Marzo, después de haber salido de su lugar de domicilio hacia San Salvador. Las autoridades reiteraron que desde ese momento han trabajado para esclarecer el hecho y de esa manera poder darle una respuesta de justicia a los familiares de la víctima.

Con este caso la FGR ha anunciado que en las próximas horas presentará el requerimiento fiscal a un Juzgado de Paz para imputarles el delito de Desaparición de Personas el cual tiene una pena señalada entre los 15 y 20 años de prisión, a los imputados.

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