Esta mañana la OEA a través, de un Comunicado de Prensa ha lamentado la ruptura del acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, CICIES así, como las razones expuestas en el comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Como se dio a conocer en ese momento el Gobierno salvadoreño señaló que la finalización del convenio fue porque la Secretaria General de la OEA contrató como asesor al ex alcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, actualmente procesado judicialmente desde el por diversos crímenes y con este hecho desde el comunicado, se expresó que la CICIES fue creada para luchas contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas.
Ante estos hechos, la OEA ha sido clara en decir en su comunicado que Ernesto Muyshondt no fue contratado como se expresa en el gobierno salvadoreño, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque nunca se firmó, aclara el comunicado.
Agrega, que previo a hacer público este hecho, se notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores y en ningún momento se hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad de realización del mismo, detalla.
«Debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato» en la OEA. La secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país, menciona el documento.
Exponiendo estos apartado la OEA ha rechazado completamentamente los argumentos expuestos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, es por ello que han considerado pertinente hacer públicas las diferencias con el gobierno salvadoreño y las diferencias que estaban en conocimiento de los Donantes y el mismo gobierno salvadoreño, que hacian imposible la continuación de los trabajos de la comisión.
Señala en primer lugar la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, popularmente conocida como «Ley Alabí». El 5 de mayo, el Gobierno aprobó esta normativa que decreta inmunidad para posibles corruptos.
En segundo lugar la Secretaria acusa al Gobierno de haber bloqueado la publicación del «Primer informe descriptivo sobre la clidad, efectividad y legitimidad del uso de fondos públicos en atención a la pandemia COVID-19», elaborado por la CICIES, en el que «se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva», manifiesta el comunicado.
Otra de las diferencias expuestas es las acciones del gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración y la necesidad de aprobar reformas al código procesal penal para que organismo0s intergubernamentales como la CICIES pudieran se querellante en los procesos penales e investigaciones que la FGR realizase a aquellos casos que afectaran derechos difusos de la población, finalmente denuncia que existió recurrencia en procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente dice el comunicado.
Por lo tanto, desde la Secretaria se hizo conocimiento que estos hecho hacían imposible seguir acompañando este proceso con la CICIES.