VIDEO
En la cuarta sesión de la Comisión Especial que investiga el destino final de los fondos se juramentó al equipo de abogados penalistas que trabajarán de manera coordinada con el grupo de auditores del Ministerio de Hacienda para investigar el destino final de los fondos que la Asamblea anterior aprobó para organizaciones, fundiciones y asociaciones sin fines de lucro.
Este equipo está conformado por los abogados penalistas José Mario Machado, José Alberto Machado y Laura Iris Mina Córdova.
De acuerdo, a las investigaciones estos especialistas acompañarán a la FGR como la parte querellante, en caso de encontrar indicios de corrupción respecto a fondos otorgados a las organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro que están siendo investigadas, detallaron.
«Al encontrar indicios de irregularidad, deberán informar, pues la Comisión es de carácter permanente», declaró la presidenta de la Comisión Especial, Alexia Rivas. En todo momento, la información será manejada con estricta responsabilidad para no entorpecer las investigaciones.
Los profesionales en derecho penal juraron bajo palabra de honor, de conformidad a lo establecido en el artículo 235 de la Constitución de la República, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo les imponga.
Después de poner en contexto al equipo de abogados penalistas, el diputado @CalebNNavarro propone enviar un recomendable al Ministerio de @HaciendaSV para que suspenda las transferencias pendientes a Organizaciones, Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro del corriente año. pic.twitter.com/HoqDpFyupy
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) June 2, 2021
En esta misma sesión se acordó además, emitir un recomendable al Ministerio de Hacienda para pausar o suspender las transferencias a organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, comprendidas en el Presupuesto General de la Nación 2021, mientras estén activas las investigaciones y esté instalada la Comisión Especial, para evitar erogaciones de carácter ilícito.
Hasta la fecha, las indagaciones han puesto al descubierto la aprobación y posterior desembolso de $273 millones a 360 ONG durante los últimos cinco años. Los diputados buscan identificar cuáles de estas organizaciones no han desempeñado una labor social.
Además, se ha solicitado al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT) un informe sobre la personería jurídica de constitución de la lista de organizaciones investigadas; y a la Unidad de Seguimiento al Presupuesto de la Asamblea Legislativa se ha efectuado la petición de información de lo relacionado a transferencias o asignaciones presupuestarias paras las ONG.