Con 58 votos se aprobó el dictamen favorable N°47 para que se emita la «Ley Especial contra el Tráfico de Personas», propuesta que fue presentada por el Fiscal General de la República en el 2019.
Esta ley tiene como objetivo la detección, persecución penal integral, juzgamiento y prevención del delito de tráfico ilegal de personas, ya sea que se cometa o no con la vinculación de organizaciones o grupos criminales. Así también el desarrollo de la cooperación nacional e internacional en el combate y prevención del delito de tráfico ilegal de personas.
La normativa contemplan penas carcelarias por los delitos de tráfico ilegal de personas de ocho a doce años, la promoción de tráfico ilegal de personas tendrá una pena carcelaria de cuatro a ocho años, el delito de agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas y el de obstaculización del debido proceso de tres a seis años.
En este marco legal también, se crearán las unidades especializadas de la FGR y de la Policía Nacional Civil. Además, para la investigación de este delito, estas instituciones podrán coordinarse con instituciones homólogas a nivel regional o internacional, así lo contempla esta nueva ley.
Se establecerán derechos para nacionales o internacionales que hayan sido víctimas de tráfico ilegal, entre estos: protección de su integridad de acuerdo a la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, recibir asistencia de las representaciones diplomáticas y consulares y retorno oportuno a su país de origen o al país donde tuvieran domicilio.
Además, se creará el Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas, el cual deberá ser diseñado e implementado por el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su familia, bajo los ejes de prevención de delito, reintegración social de las víctimas, impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional.