La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia admitió ayer una demanda de amparo del periódico El Faro contra el Ministerio de Hacienda por supuestamente valerse de una auditoría para intentar obtener información de su «línea editorial, metodología periodística, fuentes e investigaciones en curso».
Sala emite resolución en Amparo 393-2020, la cual puede consultarse en https://t.co/wTo3DcjCxm
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) March 6, 2021
La Sala también, ordenó a Hacienda -como medida cautelar- abstenerse de «continuar con los requerimientos de la documentación e información que ha sido sometida a controversia por la sociedad Trípode», propietaria de El Faro. Se trata de «los libros de actas de la Junta Directiva de la sociedad, los informes o reportes finales que se entregan a los cooperantes internacionales y los detalles sobre los suscriptores que realizan aportaciones periódicas».
La resolución señala que los abogados que presentaron la demanda consideran que -con la entrega de los datos de suscriptores- «se abre la posibilidad» para que el Gobierno pueda «presionar, acosar o amenazar a (dichos) colaboradores».
A juicio de los demandantes, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda «ha excedido sus facultades legales», dado que «la información identificada no solo carece de relevancia tributaria, sino que, además, consideran que su entrega implicaría una forma de censura».
José Luis Sanz, exdirector de El Faro reaccionó a la resolución en su cuenta de Twitter y señaló que «el Gobierno de Nayib Bukele nos somete desde hace 8 meses a una auditoría que excede el interés tributario y es un claro ataque a nuestro periodismo».
Por su parte, el secretario de Prensa del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, publicó en la misma red social que la Sala de lo Constitucional «hoy protege a El Faro para que siga con su agenda oenegera disfrazada de periodismo, ante claros hechos de evasión y elusión fiscal».