Esta mañana representantes de FESPAD y Movitierra El Salvador denunciaron que durante la presente campaña electoral que vive el país, de cara las próximas elecciones de diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, así como concejos municipales se ha identificado poco abordaje de propuestas legislativas que vayan encaminadas a derechos humanos, especialmente en vivienda adecuada.
Las organizaciones detallan que la campaña se ha orientado mayoritariamente al posicionamiento de rostros o figuras, más que de propuestas que brinden respuestas sostenibles a la satisfacción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la población. Son casi nulas las iniciativas sobre el tema que esté en consonancia con el cumplimiento del derecho de todas las personas a contar con hogar digno explicaron.
Para FESPAD, las propuestas en materia de vivienda adecuada deberían garantizar acciones encaminadas a reducir el déficit cualitativo y cuantitativo habitacional.
La situación de vivienda en El Salvador no es alentadora, de acuerdo al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) el déficit total por unidades de vivienda es de 1,388,477 señalando que el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo asciende a 91% .
La producción de vivienda y hábitat debería ser prioridad en las propuestas electorales, bajo la visión de proveer de espacios habitacionales para que las familias vivan seguras y en paz. Para ello es necesario dejar de apostar al rédito del mercado o la visibilización publicitaria mediante soluciones asistencialistas e insostenibles para las familias salvadoreñas sostienen los denunciantes.
Afirman, que los punteos de algunas propuestas de los partidos políticos referente a la temática de vivienda no están orientados a que el Estado asuma un papel protagónico en la satisfacción de este derecho; más bien, se orienta a plantear acciones en el marco de mercado inmobiliario, lo que limita el acceso a la vivienda adecuada de la población en general.
Es así como, demandan a que los candidatos y candidatas que resulten electos se comprometan a la aprobación de una ley que reconozca el derecho a la vivienda adecuada, se garantice la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos irregulares en inmuebles propiedad del Estado por medio de procesos de desafectación.
Además, piden la derogación del decreto 23-2009 que contiene la Ley Especial para la garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles envista que esta promueve los desalojos forzados; extiendan recomendables al Ministerio de Vivienda para que establezca Política Nacional de Vivienda y Habitad, creen mecanismos de interlocución y la reactivación del Consejo Consultivo de Habitad y Vivienda como instancia que de atención al problema de la vivienda que se vive en el país.