El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, reaccionó este 2 de enero al anuncio del recorte de la ayuda militar que Estados Unidos ha hecho a El Salvador, asegurando que pese a eso «todos los proyectos» previstos para este 2021 «se seguirán realizando».
«Nosotros tenemos una excelente relación con el grupo militar de Estados Unidos, de hecho se van a seguir realizando todos los proyectos que estaban programados para este año y eso es lo más importante, porque seguimos siendo, como dice el embajador Ronald Johnson, un socio confiable», afirmó Monroy esta mañana al consultarle su opinión sobre el recorte de la ayuda.
El pasado 27 de diciembre de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley de gastos generales, en la cual se incluyó una cláusula que prohíbe el acceso de El Salvador, Guatemala y Honduras a un programa del Departamento de Estado que proporciona financiamiento para la adquisición de equipo estadounidense de defensa.
La prohibición forma parte de una iniciativa de los demócratas en la Cámara de Representantes para fortalecer las medidas contra la corrupción en Centroamérica. La autora intelectual de dicha moción fue Norma Torres, la única inmigrante centroamericana en el Congreso.
El Salvador ha recibido aproximadamente 15 millones de dólares a través del programa desde 2016, incluyendo 1,9 millones en 2020.
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Sobre qué sigue luego de este recorte, el titular de la Fuerza Armada salvadoreña solo indicó que «la política exterior, los convenios, le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos sabrán las conversaciones que tendrán ya a nivel de Gobierno».
«Pero nosotros como Fuerza Armada continuamos realizando todas las tareas con el grupo militar de Estados Unidos; somos el tercer país en América Latina que más contribuye en las misiones de paz y eso es un reflejo de esas relaciones que existen entre los militares de EE.UU. y El Salvador», concluyó Merino Monroy.
Otro dato a destacar del plan de gastos de EE.UU. es que también se incluye una cláusula que amenaza con aplicar sanciones específicas a funcionarios gubernamentales en los países del Triángulo Norte, específicamente a los que se considere que hayan «socavado a las instituciones democráticas». Se prevé que eso incluya a políticos poderosos de la región, algunos de los cuales se sospecha desde hace años que tienen vínculos con narcotraficantes.
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