El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA) en su informe «Balance de las tendencias democráticas en América Latina y el Caribe antes y durante la pandemia de la COVID-19», señala que más de la mitad de las democracias latinoamericanas incluyendo El Salvador, han retrocedido en estándares democráticos y derechos humanos durante la pandemia.

Los datos indican que alrededor del 65% de los países de la región latinoamericana implementaron medidas para contener la COVID-19 «que podrían considerarse preocupantes para la democracia y los derechos humanos».

El Salvador, Argentina, Chile, Colombia, y Ecuador están catalogados como “las democracias  con más medidas preocupantes”, consideradas así por ser “desproporcionadas, innecesarias, ilegales o indefinidas”. También incluyen las “potencialmente preocupantes” (monitorear).

Entre los países con más medidas a monitorear destacan: El Salvador con 8, Argentina con 9, Chile y Ecuador con 8, Brasil con 17, México con 11, Perú con 10, Bolivia con 11, y Guatemala con 9.

Medidas preocupantes en El Salvador
Como parte de esas medidas preocupantes, el estudio incluyó el hecho cuando la Asamblea Legislativa declaró un estado de emergencia de 30 días el 14 de marzo de 2020 en el que señalaron que la aplicación de dichas medidas ante la pandemia fue “severa y peligrosa”.

Consideradas “preocupantes” para la libertad de movimiento, es decir, libertades civiles, y para la integridad y seguridad personal. Y a “monitorear” por la democracia local, elecciones limpias, ausencia de corrupción, integridad de los medios de comunicación, independencia judicial, parlamento efectivo, derechos sociales e igualdad, seguridad jurídica.

En relación con lo anterior, El Salvador actualmente atraviesa un proceso previo a las próximas elecciones del 2021, en donde se han dado ataques al proceso pre-electoral en diferentes Juntas Electorales Departamentales (JED) protagonizados por miembros del partido Nuevas Ideas.

Durante la pandemia por COVID-19, el Gobierno de Nayib Bukele ordenó detenciones masivas para las personas que “violaran” las medidas de cuarentena domiciliar obligatoria e inmediatamente fueran trasladadas a centros de contención. En esto, circularon videos de personas que estaban dentro de estos establecimientos en los que denunciaban llevar más de 30 días confinados sin hacerle las pruebas de COVID-19 e incluso vulnerarles sus derechos humanos.

Cabe recordar, que estos fueron considerados altamente como “focos de contagio» masivo. Ante esto, la Sala de lo Constitucional, el pasado 17 de abril emitió una resolución en la cual, obligaba a Bukele frenar dichas detenciones. Sin embargo, el mandatario la calificó como “chiste” y arremetió con incumplirla.

De acuerdo con las estadísticas, solo en ese mes se reportaron 4,236 personas que fueron enviadas a centros de contención. Las mencionadas, pueden incluirse como parte de las “medidas preocupantes” que IDEA señala en su informe.

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