Este 17 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó con 58 votos el informe único sobre los hechos acaecidos antes, durante y después de 9 de febrero. El informe será enviado a organismos internacionales, para que estimen las decisiones convenientes del caso.
En el informe certificarán a la Fiscalía General de la República (FGR) los posibles delitos contra el Presidente Nayib Bukele, jefes de Estados Mayores, así como también recomiendan la destitución inmediata del director de la PNC y el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy.
De acuerdo con lo que dicta el informe, los hechos ocurridos el 9 de febrero se catalogan como «un Golpe de Estado Fallido, contra la Asamblea Legislativa».
«No se puede tapar el sol con un dedo, lo grave es que hubo un Golpe de Estado el 9 de febrero que fue televisado, se ocupó como excusa un préstamo y se desnaturalizó a la PNC, así como a la Fuerza Armada», acusó el diputado del FMLN, Shaffick Hándal Vega.
La diputada del FMLN, Nidia Díaz secundó la postura de Hándal alegando que «Las consideraciones los del 9 de febrero, constituyen un atentado contra el orden constitucional, competencias y atribuciones que cada Órgano tiene».
Durante la plenaria, se encontraban diputados en contra de lo que se estipulaba en el informe único. Uno de ellos, fue el diputado por GANA, Guillermo Gallegos «Como GANA, no estamos de acuerdo con el informe de la comisión especial, que entre comillas busca determinar el Golpe de Estado a la Asamblea (…) como miembro de la comisión no he firmado el informe porque nunca hubo inconstitucionalidad en este hecho en particular», recriminó.
Además, entre las conclusiones al informe resaltaron que existió “una participación protagónica” por parte del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, para la irrupción armada en la institución, ya que fue a partir de su llegada, que las autoridades de la Asamblea Legislativa “perdieron el control” de la seguridad de dicho recinto.
Luego de la discusión, el Pleno Legislativo avaló dictamen favorable para ratificar el Convenio de Sede suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y aprueban enviar el informe final a la Organización de los Estados Americanos para que estimen las decisiones convenientes del caso.