Luego de conocerse las conclusiones al informe que único de la comisión especial de la Asamblea que investiga los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, diputados de diversas fracciones partidarias han reaccionado y consideran que hay suficientes «indicios» para que la Fiscalía General de la República (FGR), pueda proceder a las peticiones solicitadas por el pleno.
En el informe solicitan la destitución a tres funcionarios, entre ellos, el comisionado director Mauricio Arriaza Chicas, del cargo de director de la Policía Nacional Civil (PNC) así como también, retirar del cargo como ministro de la Defensa Nacional, a Francis Merino Monroy.
Asimismo, notificar a la FGR sobre el cometimiento de cuatro posibles delitos: violación a la Constitución y a la independencia entre órganos, sublevación, allanamiento a las instalaciones de la Asamblea Legislativa por parte de cuerpos armados, y el encierro de la seguridad del órgano legislativo.
Ante esto, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, aseguró que el presidente Nayib Bukele está en la obligación de destituir al director de la PNC, por mandato de Ley.
«La ley es obligatoria, es un mandato imperativo y la Constitución está por encima de lo que puedan pensar o reflexionar cualquier Órgano de Gobierno y en este caso la Constitución dictamina que cuando la Asamblea Legislativa ha determinado que han habido violaciones a los derechos fundamentales por parte específicamente ya sea del director de la PNC o del Organismo de Inteligencia de Estado, pero entonces recomienda al presidente de la República para que sea destituido, por lo tanto, esa recomendación es vinculante», afirmó Parker.
«El 9 de febrero pretendió ponerse por encima de la Constitución, ahora la Asamblea Legislativa ha reaccionado después de haber recolectado la evidencia y le dice al Presidente Nayib Bukele que conforme a la Constitución está obligado a destituirlo» , agregó.
El diputado del FMLN y miembro de la comisión especial que investiga dichos hechos, Jorge Shaffick Handal Vega, secundó la postura de Parker acusando que «los involucrados» (Funcionarios del Gobierno) «son responsables» porque «sabían con antelación» las acciones que realizarían.
«La comisión que investiga los hechos del 9 de febrero, a través de videos, entrevistas con los involucrados llegamos a la conclusión de que primero, hubo una planificación previa, no fue algo que sucedió así de pronto, la maniobra ya estaba planificada con varios días de antelación, escudándose de un préstamo, además que todos los que vinieron luego de saber que esto era parte de una maniobra tienen responsabilidades directas sobre los hechos aquí acaecidos», dijo.
Al contrario de los antes mencionados, el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, dijo que «desconocía» lo que contiene el informe, pero que -considera- que «no hay incumplimiento de deberes» por parte de los funcionarios que están siendo acusados (Arriaza Chicas y Francis Merino Monroy).
«Desconozco el dictamen porque no somos parte de la comisión, tenemos que revisarlo (…) aquí yo diría que particularmente no estoy de acuerdo con eso porque él estaba cumpliendo una orden, lo digo porque yo estuve presente, él tomó las medidas necesarias para evitar que no se viera que no estaba en función de dar seguridad al Presidente», afirmó.
Además, en el informe resaltan que existió “una participación protagónica” por parte del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, para la irrupción armada en la institución, ya que fue a partir de su llegada, que las autoridades de la Asamblea Legislativa “perdieron el control” de la seguridad de dicho recinto.