La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este 15 de diciembre el requerimiento fiscal en contra del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Pública.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado 5º de Paz de San Salvador. La acusación se presenta formalmente una semana después que el funcionario anunció en la plenaria de antejuicio que había renunciado a su cargo de viceministro de Seguridad Pública, el cual le otorgaba fuero constitucional.
El proceso contra el director de la PNC inició luego que la Asamblea Legislativa le ordenara llevar bajo apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tras no atender los llamado de una Comisión Especial. Los diputados certificaron a la FGR el posible cometimiento de delitos.
«Al ignorar ese mandato constitucional, la Fiscalía encaja la conducta delictiva del director en el artículo 321 del Código Penal salvadoreño (Delito: Incumplimiento de Deberes), el cual establece: El funcionario, agente de autoridad o empleado público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período», explicó este tarde la FGR.
El artículo 132 de la Constitución de la República establece que los funcionarios y empleados públicos están obligados a colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y si se niegan, se enfrentan a consecuencias legales. Asimismo, el artículo 23 de Ley Orgánica de la PNC señala que corresponde a la institución policial “colaborar y atender los requerimientos de los funcionarios de los órganos del Estado que, en el ejercicio de sus funciones, soliciten su asistencia, de conformidad a lo establecido por la ley”.
Los fiscales informaron que han solicitado al juez que el caso pase a etapa de instrucción para «robustecer la investigación penal y que le decrete una serie de medidas para garantizar la presencia de Arriaza Chicas en dicho proceso».
El presidente de la República, Nayib Bukele, había nombrado a Arriaza Chicas como viceministro; en palabras del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, para «blindarlo» por las investigaciones del Ministerio Público.
Por ello, la FGR pidió un antejuicio; pero el 8 de diciembre, día en que iba a culminar ese procedimiento legislativo y se decidiría desaforarlo o no, en la última intervención de sus abogados defensores se informó que él ya había renunciado al cargo. Tras esto, con 57 votos a favor, los diputados aprobaron enviar certificación a la FGR por posibles nuevos delitos como encubrimiento, fraude procesal y actos arbitrarios. Sin embargo, este día el fiscal dijo que el requerimiento presentando no tienen nada que ver con lo ocurrido en el proceso de antejuicio.
El director de la PNC y sus abogados defensores han negado que cometieran delitos al no atender la orden de llevar bajo apremio al ministro Zelaya. Asimismo, han asegurado que cumplieron todos los requerimientos legales para renunciar al cargo de viceministro.