La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. Maria julia Hernández” informó el viernes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó al Estado salvadoreño a una audiencia pública para el 4 de marzo del 2021, en la cual se verificará si ha cumplido con las sentencias dictadas en el caso de la masacre de El Mozote, es decir, si ha colaborado en las investigaciones.
«El Estado está obligado a acudir y responder de la manera más eficaz y de la amera más contundente sobre si va realmente a hacer justicia en este caso. Con ello, queda claro que el Estado salvadoreño no está cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que aún sin amnistía está encubriendo a los violadores por crímenes de guerra lesa humanidad”, explicó el director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio.
El pasado 15 de junio, en un hecho histórico, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ordenó inspecciones en archivos militares a partir del 21 de septiembre, para buscar evidencia de la masacre ocurrida en diciembre de 1981, donde murieron 978 civiles, la mayoría eran menores de edad.
Sin embargo, todas las diligencias fueron obstaculizadas por la Fuerza Armada con la excusa que en los recintos existen planes militares secretos. Tuvo el aval del mismo presidente de la República, Nayib Bukele, quien calificó las inspecciones como «show». Luego, entregó cinco cajas con supuestos archivos desclasificados pero informaron que solo eran copias de documentos que la administración de Sánchez Cerén ya había entregado.
Al único lugar que pudieron accesar las partes fue al Archivo General de la Nación, dependencia del Ministerio de Cultura.
En este contexto, uno de los acusadores del caso, Wilfredo Medrano, ayer recordó se las obligaciones a los cuales está sometido el Estado en las investigaciones del hecho, ya que, además, la misma Corte IDH emitió una sentencia en octubre de 2012 con respecto a este caso y la misma Sala de lo Constitucional le ordenó al Gobierno central este año permitir el acceso.
«La Corte IDH le envía un mensaje al Estado que le dice que no se puede liberar de las obligaciones al que está sometido por parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que no puede justificar el acceso de los archivos militares, basándose únicamente que son secretos de Estado, que viola la seguridad pública y soberanía nacional y le recuerda que está obligada a cumplir una orden judicial”, indicó.
«Mantienen esa posición oficial de no permitir el ingreso del juez a los archivos militares, a pesar de tener resoluciones de la Sala de lo Constitucional que advertía ninguna violación constitucional y que el juez no buscaba planes de reciente data, así como dicen ellos (Ejecutivo) que se iba a tratar de ubicar planes militares de control territorial, eso es totalmente falso(..) consideramos que se rompió el Estado de Derecho al quebrantar dos órdenes judiciales, más la orden de la CIDH”, agregó Medrano.
La convocatoria a la audiencia también es parte de un proceso que Tutela Legal llevó a la Corte IDH para que aplicara medidas cautelares, tras la obstaculización del Ejecutivo a las diligencias judiciales de este caso.
La convocatoria se conoció en el marco de la conmemoración, del 11 al 13 de diciembre, de los 39 años de la masacre de El Mozote, perpetuada en el departamento de Morazán por miembros del Batallón Atlacat. El hecho ha sido declarado como crimen lesa humanidad.