La Asamblea Legislativa aprobó el jueves enviar un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Corte de Cuentas de la República (CCR) por la existencia de supuestas “operaciones presupuestarias ilícitas” de parte del Ejecutivo, referente al uso de fondos provenientes de títulos valores sin aprobación legislativa para asignarse en el Presupuesto 2020.
Dichos fondos son los contemplados en el decreto 640, los cuales en un inicio estaban previstos para el Fideicomiso, proveedores y devolución de IVA. Sin embargo, el 16 de octubre, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que dicho programa (Fideicomiso) se financiaría con $600 millones de CETES (Certificados del Tesoro).
Ese día le pidió al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que retirara el pedido del Fideicomiso de la Asamblea Legislativa, puesto que los diputados nunca lo ratificaron y ya habían encontrado otra fuente de financiamiento. “La Asamblea, como siempre, aprobó el fideicomiso de BANDESAL, pero no lo fondearon, nos los dejaron desfinanciado. Pero nosotros logramos colocar $600 millones en CETES, con lo cual logramos tener el dinero para apoyar a las empresas”, afirmó Bukele ese 16 de octubre.
Ante esto, el 26 de noviembre, los diputados reformaron los artículos 2 y 12 del decreto 640, con el fin de asignar los fondos para el pago del FODES, $288.2 millones; $50 millones para la contrapartida de Fomilenio II; $16 millones para veteranos; y $45,800,000 millones para el pago de obligaciones de proveedores del sector privado.
Sin embargo, luego el ministro de Hacienda y el mismo mandatario salvadoreño han insistido que esos fondos no están disponibles. Por esa misma razón, el presidente Bukele vetó las reformas al decreto 640.
En este sentido, los diputados han señalado que cómo pudieron realizar esa acción cuando ellos mismo pidieron retirar el decreto y, en todo caso, ellos asignaron los fondos hasta el mes pasado y fue para el FODES, FOMILENIO y demás rubros ya mencionados.
Este 10 de diciembre, la Comisión de Hacienda resaltó que en el veto el Gobierno dijo que “la aprobación del Decreto en análisis adolece del vicio de falta de recursos para disponer los destinos que pretendía cubrir”, lo que confirmaría que «los recursos ya se han gastado (vicio de falta de recursos) sin contar con un Decreto Legislativo que contenga esa asignación».
“Es lamentable que esa violación a la Constitución venga de parte de la Presidencia de la República”, reprochó la diputada Yanci Urbina del FMLN.
“Como Comisión, la obligación que tenemos es de dar un aviso y recomendación a la Fiscalía para la investigación de qué se hizo con ese dinero”, agregó por su parte Margarita Escobar de ARENA.
Minutos después, el pleno legislativo avaló con sus votos el acuerdo de la Comisión de Hacienda. Este mismo jueves, los diputados superaron el veto presidencial de dichas reformas.
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Este no es el primer aviso que la Asamblea Legislativa ha mandando a la FGR en estos días, puesto que se informó que ya enviaron otro en contra del Ministerio de Hacienda por el posible cometimiento de delitos al no transferir los fondos asignados en la Ley del Presupuesto para el pago de proveedores. El documento señala que la cartera no transfirió recursos para cancelar deuda a 72 distribuidores de bienes y servicios.
“Fundamentado en el Código Procesal Penal se da aviso por la presunta comisión de delitos atentados al derecho de igualdad, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes”, expone el escrito.