El martes, tras anunciarse la renuncia del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, como viceministro de Seguridad Pública, los diputados aprobaron, con 57 votos a favor, enviar certificación a la Fiscalía sobre posibles nuevos delitos. También acordaron pedir a la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un proceso administrativo sancionatorio “por falta de lealtad y de buena fe procesal” de los abogados defensores.
Ayer, la diputada Cristina Cornejo del FMLN confirmó y detalló que certificaron a la Fiscalía por los delitos de encubrimiento, fraude procesal y actos arbitrarios.
En este contexto, uno de los abogados defensores de Arriaza Chicas, Nahúm Martínez, aseguró que no ocultaron información de la renuncia, pese a que pasaron horas de la sesión plenaria especial y fue hasta la última participación de la defensa, que fue precisamente la de él, que se informó de los hechos.
«Nosotros en ningún momento hemos ocultado información como los señores diputados lo han dicho, de manera también muy mal intencionada. No hemos ocultado información de ninguna naturaleza, si ese acto unilateral, si esa decisión voluntaria, si esa decisión del señor comisionado se tomó desde un día antes y se había publicado en el diario oficial. ¿Dónde está la ocultación de la información, dónde está la falta lealtad procesal que los diputados están supuestamente señalando? No existe», dijo Martínez esta mañana en una entrevista de TCS.
El profesional del derecho dijo que temen enfrentar el proceso de la CSJ y que van a demostrar que «los señores diputados están cayendo o pueden caer en delitos de calumnia y difamación».
El abogado respaldó la postura que ayer dio el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, de que todo fue cumpliendo los requerimientos legales y que fue una decisión tomado en una reunión con el presidente de la República, Nayib Bukele.
«Es una decisión que viene de su voluntad, es él (Arriaza Chicas) quien decide terminar el antejuicio porque es la terminación correcta, una forma de terminación del antejuicio es por la renuncia del funcionario y eso está regulado en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa», aseguró.
Nahúm Martínez justificó que el director de la PNC inició sometiéndose al proceso de antejuicio porque «creyó en el sistema hasta el último momento». «Él creyó que se respetaría la institucionalidad, que se iba a respetar el debido proceso y su presunción de inocencia, situación que ha quedado evidenciado que no ha sido así», agregó.
El abogado aseguró que además de publicarse la renuncia en el Diario Oficial, antes de que se comenzará la intervención el martes, otra abogada del funcionario «presentó un escrito donde se informaba a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa dicha renuncia». El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ayer desmintió esta afirmación.
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